Por Laia Seró

Ancor Mesa Méndez, doctor en Psicología Social y técnico de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), fue de los que se estremeció ese viernes, de los que se planteó esa y otras tantas preguntas. Desde que dejó Tenerife, diez años atrás, y Barcelona lo adoptó como estudiante de Sociología, ha visto cómo se inflaba la burbuja inmobiliaria, cómo se pinchaba y, cómo, de nuevo, han vuelto a subir los precios de los pisos.

Como universitario, buscó piso en los barrios asequibles de Barcelona. Este verano, Ancor volvió a pasar por ello y acabó renunciando a Barcelona.

—La situación es brutal. ¡La demanda es tan grande que hasta te hacen pagar por una reserva! Lo normal sería que fuera más o menos fácil encontrar piso, ¿no? Pues no. Y aquí hay que preguntarse: ¿Por qué hay toda esta demanda con tantos pisos vacíos?

Sin esperar respuesta, prosigue:

—Los pisos vacíos mantienen esto así. ¡Esta es la clave! Es la lógica de mercado: la concentración de demanda lo único que va a hacer es subir los precios. Se está obligando a las familias a endeudarse más. Se nota, están empezando a pedir otra vez precios desorbitados. Estamos viviendo una situación casi negligente entorno al tema del derecho a la vivienda en Barcelona —Ancor se queja desde una de las mesas interiores del bar del Pati Manning, en el Raval.

Se escucha Marvin Gaye (feat. Meghan Trainor) en la radiofórmula. Es pronto, pero ya escasea la luz. Por el antiguo claustro del convento, que opera hoy como terraza, circulan estudiantes de la facultad de Geografía e Historia de la Universitat de Barcelona (UB), jóvenes que han crecido con el debate de la vivienda y que seguramente han llenado páginas de ensayos universitarios sobre el tema. Hay hombres y mujeres sentados en las mesas, beben, fuman, charlan. En el CCCB, en el edificio contiguo se expone +HUMANS, una reflexión sobre el futuro de nuestra especie.

Ancor habla datos en mano: en 2016, las calles de Barcelona esconden más de 2.000 pisos que pertenecen a entidades bancarias y que llevan más de 24 meses vacíos. Son viviendas tapiadas, muchas, ocupadas por unos ocupas que ya no se escriben con K y que entran en estas casas por la necesidad de dar cobijo a una o a varias familias.

Son bloques fantasma, son bloques que esconden, muchas veces, un proceso de desahucio.

—El motor de los pisos vacíos sigue siendo el colchón de las entidades financieras del país —dice Ancor.

En Barcelona, el 2% del parque habitacional de la ciudad es de alquiler social y, según la PAH, en 2015, se siguieron produciendo una veintena de desahucios cada semana. “[Los habitantes de Barcelona] tenemos el precio de la vivienda otra vez muy alto, las condiciones laborales van cada vez a peor y esto produce situaciones de precariedad que desarticulan los territorios políticamente”, señala el sociólogo.

La pregunta, anotada en mayúsculas en la libreta, emerge sola: “¿Es que no hemos aprendido nada?”.

—Las Administraciones Públicas no tienen capacidad para intervenir en esta cantidad de suelo vacío. ¡Hablamos de los que controlan la solución del problema! Esta solución va contra sus intereses y su supervivencia. La única manera de tratar de contrarrestar democráticamente esta fuerza especuladora es que exista un actor o actores políticos ciudadanos que sean capaces de hablarle de tú a tú a estos actores influyentes. A través del Ayuntamiento, como mediador o como espacio donde se dan las discusiones, o lo que sea. Esto pasa por repensar y reactivar de una forma distinta el actor político ciudadano: el vecino.

Cinco días después del encuentro con Ancor, el pasado 16 de diciembre, el Ayuntamiento de Barcelona anunció un acuerdo “por las buenas” con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb): después del ultimátum en octubre de recurrir a los tribunales, la Sareb, también conocida como banco malo, había accedido a ceder 200 pisos. El consistorio anunció que los pondrá en alquiler social.

La lucha política ciudadana se apuntó un tanto: la cesión de pisos vacíos está prevista en el artículo 7 de la ley aprobada este año en el Parlament fruto de la iniciativa legislativa popular (ILP) que impulsaron la PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética, la ley 24/2015. Aún así, la media europea de suelo dedicado al alquiler social, con datos del 2012 publicados por Social Housing Review, sigue quedando lejos del 32% de los Países Bajos, del 23% de Austria, del 18% del Reino Unido o del 17% de Francia.

Es enero de 2016 y, pese a las primeras medidas del equipo de BCN en Comú, Ancor sigue viviendo en su piso fuera de Barcelona. Él mismo ya lo avisó en octubre en una entrevista con el periodista Jordi Molina para CatalunyaPlural.cat: “El urbanismo de Barcelona ha expulsado la juventud y sus clases populares al extrarradio”.

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A raíz del punch del 15M y el movimiento de empoderamiento ciudadano que cogió fuerza en 2011, Barcelona se ha convertido en un laboratorio urbano del cooperativismo y la autogestión. El Observatorio Metropolitano de Barcelona es el autor del estudio Comuns urbans a Barcelona que analiza medio centenar de iniciativas distribuidas por los barrios de la ciudad y dedicadas a la salud (Espai de l’Immigrant), las finanzas (Coop57), la reapropiación del espacio público (el Pou de la Figuera en el Born, Espai Germanetes en l’Esquerra de l’Eixample), las telecomunicaciones (Guifi.net) o la vivienda (los edificios ocupados por la Obra Social de la PAH, la cooperativa de La Borda, en Can Batlló).

La periodista Catalina Gayà recuerda, en el reportaje El reto social. Alzar un dique de contención ante la desigualdad para la revista Metròpolis, que cinco años atrás, semanas antes del 15M, estas fueron palabras de la actual alcaldesa de Barcelona: “Cualquier día miles de personas que construyen alternativas a nivel local pueden ocupar la calle”. Acertó: pasó el 15M. ¿Quién hubiera dicho que Ada Colau, por aquel entonces activista y portavoz de la PAH, estaría al frente del ayuntamiento barcelonés?

Una de las causas sociales que más movilización ciudadana ha logrado, en Barcelona y también en otras ciudades de España, ha sido la que se refiere al habitar, la del cómo vivimos y la de qué alternativas existen al trinomio: piso, hipoteca, deuda.

El arquitecto Carles Baiges, miembro de la cooperativa de arquitectos LaCol, lleva reflexionando sobre cómo habitamos desde antes de acabar la carrera en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Alumno de Zaida Muixí, fundadora del Col·lectiu Punt 6, el nombre de Carles suena en la movida alternativa del barrio de Sants, donde vive y trabaja y donde actualmente está echándole horas al mayor proyecto de su vida: La Borda, la cooperativa de viviendas “ultrasostenible” en régimen de cesión de uso que se levantará en el antiguo complejo textil de Can Batlló.

Esto es: en tres años, Carles y otras sesenta personas entrarán a vivir en un bloque de pisos que se construirá en una superficie que les ha cedido el Ayuntamiento por 75 años. Para ello, cada “unidad de convivencia” (parejas, familias con hijos, personas solas) ha tenido que pagar 15.000 euros como capital social de la cooperativa y, cuando entre a habitar, tendrá que pagar entre 300 y 600 euros mensuales, en función del tamaño del piso que habite.

“Al terminar la carrera, más de la mitad de mi grupo decidió coger las maletas porque aquí no había trabajo: Suiza, Brasil, Bélgica. Y yo me quedé. Como la mayoría de jóvenes de este país tengo una vida bastante precaria, pero en la cooperativa no estamos por necesidades individuales sino para cambiar el modelo. El problema que hay ahora es que, con gente más afín dentro del Ayuntamiento, nos pensamos que ya está todo hecho. Pero nos queda mucho aún por exigir a la Administración, en nuestro caso: suelo”, cuenta desde un bar de la plaza de Osca, también en Sants.

Se estima que, en total, la construcción del edificio tenga un coste de 2,4 millones que avanzarán parcialmente a través de la cooperativa de servicios financieros Coop57 y que, cuando el edificio esté alzado, la propiedad sea indivisible y recaiga en la cooperativa de vecinos.

La Borda se inspira en el modelo Andel de Dinamarca y en el de la Federación Uruguaya de Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua y supone que todos tendrán derecho a vivir allí toda la vida, pero no podrán comprar ni vender nunca su hogar: cuando uno se marche el substituto no será el mejor pagador, sino el siguiente de una lista elaborada por orden de llegada. “El modelo [de La Borda] consigue cortar con este círculo vicioso que acaba desembocando en el mercado libre”. Dice Baiges que esta es la fórmula que han “descubierto” para frenar la especulación de algo que tendría que ser, recalca, “un derecho o un bien de uso, no una cosa con la que negociar”.

—¿Descubierto?

—Sí, casi nadie nos lo comentó en la universidad. El tema de otras formas de habitar no se concibe. Que no nos hablaran apenas del modelo cooperativista no me sorprende porque en Arquitectura no se entra en la gestión de las viviendas, que es absurdo porque hay mucha relación entre la gestión y la forma que acaba teniendo el edificio. En el tercer año, que es el curso en que se trata la vivienda, ves casitas individuales para gente con mucha pasta o promociones de mil pisos todos iguales. ¡Como si hubiese una familia estándar y todos tuviésemos que encajar en ese patrón! Es absurdo, y yo creo que aquí es donde los arquitectos podemos aportar mucha inventiva y soluciones.

Desde ya hace dos años, la asamblea de futuros vecinos se reúne un sábado al mes para hablar de asuntos legales, de qué espacios comunes tendrá la vivienda, de cómo comunican el proceso, de sus incoherencias. Los 15.000 euros de entrada han monopolizado muchos de estos encuentros. “No estamos solucionando el problema [de vivienda] de todo el mundo. Es una barrera muy grande. Y nos frustramos cada vez que lo intentamos y no podemos reducirla”, dice Carles.

Es consciente de que están allanando el camino para los siguientes, pero le duele que no hayan conseguido eliminar esta barrera económica. La comunidad está estudiando mecanismos de solidaridad vecinal para que ello no suponga un muro insalvable.

-No queremos que [La Borda] sea como una seta, queremos que tenga un impacto real y se reproduzca.

En la plaza de Osca, a las nueve de la mañana, la vida empieza. El barrio de Sants fue uno de los barrios obreros y cooperativistas de la Barcelona de finales del siglo XIX. La Borda es, en el siglo XXI, un proyecto aún minoritario; sus impulsores esperan que el modelo se replique en otros espacios de la ciudad.

Marc Dalmau está vinculado a Can Batlló y es autor del llibre Un barri fet a cops de cooperació sobre las cooperativas del Poblenou del siglo pasado. Cuenta que ellos, como “cooperativistas del siglo XXI”, beben de ese espíritu que por aquél entonces inundó Barcelona. Se calcula que, durante la Guerra Civil, hasta la mitad de la población de la ciudad se alimentó gracias a las cooperativas.

Antiguos y nuevos cooperativistas, dice Marc, comparten dicho:

—“El cooperativismo es como un cangrejo”: siempre camina al revés de la producción hegemónica. Este modelo se basa en premisas de solidaridad, de ayuda mutua y de democracia directa que, bajo el capitalismo, son muy difíciles de lograr.

Trabaja en la Ciudad Invisible, una librería que divulga el pasado y el presente cooperativista de la ciudad, también desde el barrio de Sants. En su empeño por recuperar, inspirarse y difundir la memoria de este modelo, Marc también participa en la organización de las llamadas Rutes per la Memòria Cooperativa para “hacer emerger la rica experiencia del movimiento cooperativo obrero y popular” de la ciudad.

Habla de Francesc Foguet, memoria viva de ese pasado cuando hasta un centenar de experiencias cooperativistas llegaron a convivir en Barcelona. Francesc está en su casa del Poblenou, otro barrio cooperativista.

Explica que las cooperativas nacieron porque centenares de familias empezaron a asociarse, para solucionar problemas comunes, entorno a incipientes cooperativas de consumo y llegaron a colectivizar ámbitos sociales como la cultura, la educación y, hasta en alguna ocasión, la vivienda. De todo aquél hervidero aún quedan algunos cooperativistas ya mayores y algunos nombres, en Google y poco más, como La Fraternitat (1879), en La Barceloneta; La Flor de Maig (1890), en El Clot; o Pau i Justícia (1895) en el Poblenou.

—Se puede volver a repetir, ¡claro! Solo queda encontrar a los cooperativistas. Esto se debería enseñar en la escuela… El cooperativismo lleva consigo unos valores de amistad, de protección mutua, de ayuda. Valores preciosos que deberían tener los chiquillos desde pequeños. Tiene que haber cooperadores. Sin mentalidad cooperadora, ¡no se puede hacer nada!

Francesc Foguet, hijo de cooperativistas y administrador durante más de una década de la cooperativa Pau i Justícia, lo explica en el comedor de su piso, en la calle Bilbao. Un bloque construido, a mediados de los años 50, para albergar a más de 600 socios de la cooperativa Pau i Justícia que, por la escasez de vivienda y su situación laboral, no podían permitirse la compra de un piso. “Éramos una generación de jóvenes con ganas de independizarnos y de formar nuestra propia familia”, añade un Francesc rodeado de fotografías enmarcadas de su mujer, hijas y nietas.

Junto a otros papeles, escondido en un cajón del mueble del comedor, Francesc aún conserva el fino dossier que se repartió entre los vecinos antes de que entraran a vivir. En la primera página, se lee: “De la misma forma que en la época ya lejana de su fundación, [la cooperativa Pau i Justícia] captó las necesidades del momento consistentes en abaratar el coste de los artículos de consumo, supo también renovarse, adaptando su mentalidad a las necesidades del momento actual: a tal objeto consideró que una de las necesidades más apremiantes de la clase obrera en general y de sus asociados en particular era la obtención de casa propia”.

Su fórmula fue la siguiente: ellos encontraban el terreno, La Obra Sindical de Cooperación ligada al Sindicato Vertical les pagaba la edificación y cada familia aportaba 17.000 pesetas de entrada y 400 pesetas más al mes durante los siguientes veinte años. Comprar un piso de propiedad, por aquel entonces, podía costar, recuerda, más de dos millones de pesetas. La vivienda cooperativa del Grup Civit de la calle Bilbao fue un paso de gigante en la trayectoria de Pau i Justícia que, como otras, ya contaba con una tienda de víveres y electrodomésticos para sus socios, una mutua y un sistema de banca, una asociación cultural y excursionista, y hasta una escuela para los hijos de los cooperativistas.

Francesc tuvo que conformarse con unos bajos, aunque quería un ático, pero la adjudicación se hizo por sorteo y no hubo suerte. Observa la zona común desde la ventana: un gran patio interior, rodeado por el edificio por tres de los cuatro lados, con pistas de cemento deportivas. No tiene apenas que bajar escaleras para acceder a él.

—En los locales a pie de calle, la cooperativa montó también una lechería y una bodega para que los socios no nos tuviéramos que desplazar. Teníamos unos panaderos que trabajaban toda la noche y hacían un pan extraordinario. También había cruasanes, leche, nata…

Hoy, este edificio de viviendas cooperativas del Grup Civit es un bloque convencional, bicolor, y que hace esquina. Nadie se fija en él. Ninguna placa avisa al viandante de que aquél es uno de los mayores logros del pasado cooperativista de la ciudad. Muchos de los primeros inquilinos se marcharon, o se han ido muriendo, y su piso se vendió. Y con la venta, una forma de habitar y de convivir. Las compras de estos pisos, a diferencia del régimen de cesión de uso de La Borda y del modelo danés, se han hecho a través del mercado convencional ya que el edificio era propiedad de los vecinos, y no cedido por la Administración.

El modelo no caló:

—Bueno, luego ya vino la televisión… El individualismo de hoy en día y los grandes supermercados. Poco a poco, la cosa fue decayendo. La cooperativa no se adaptó al nuevo sistema de mercado del capitalismo.

La Borda es un paso al frente de Pau i Justícia respecto al modelo de propiedad: el suelo es de la cooperativa y los vecinos no son propietarios, ni inquilinos; sino usuarios. Hay que buscar en el modelo danés para entender qué sucede en países en los que las cooperativas centenarias siguen en pie.

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Una llamada de Skype. Alan Ruiz Terol, miembro del colectivo SomAtents, vive en Dinamarca.

—La Borda sigue el modelo de las cooperativas danesas Alden. ¿Puedes investigar el modelo cooperativista danés?, le pregunto.

—Vivo en Aalborg, a cinco horas en tren de Copenhague, no sé si encontraré nada.

Al cabo de una semanas, Alan supo que vivía rodeado de viviendas cooperativas y que este modelo, que tiene ya más de un siglo en el país, ahora está experimentando una revisión social, política, económica.

En Dinamarca, las cooperativas están tan normalizadas que dos de cada diez viviendas en el país escandinavo siguen este modelo. En Copenhague, el cooperativista es el más extendido, superando incluso a las viviendas de propiedad. Aun así, la del cooperativismo danés no es sólo una historia de éxito: el precio de las participaciones se disparó hace una década debido a la especulación ligada con la burbuja inmobiliaria y esto puso en cuestión un sistema que debía basarse en criterios sociales y no económicos.

Más de un siglo de vida da para mucho ensayo-error.

Varias llamadas de Skype: Barcelona-Dinamarca, Dinamarca-Barcelona.

Alan Ruiz Terol empezaba a interesarse por el tema: se sumaba al artículo para explicar cómo los dos modelos de cooperativas que hay en Dinamarca (Andel y Almene) pueden dar soluciones prácticas a los pisos vacíos de Barcelona y, además, avanzar los problemas que pueden afrontar las cooperativas barcelonesas en el futuro.

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Por Alan Ruiz Terol

Las casas están tan cerca del agua que el olor a mar se nota desde el balcón. Tres hileras de casas adosadas bordean la orilla del Limfjord dibujando una Z. La fachada es de madera oscura y ofrece un aspecto típicamente escandinavo: sobrio, incluso minimalista, pero elegante. El exterior de los edificios contrasta con la calidez de los salones que se atisban a través de los inmensos ventanales: acogedores, como si invitaran a pasar y sentarse a tomar una taza de caldo humeante.

Anders Lintner es el presidente de la cooperativa. Tiene 64 años, está jubilado y, a menos que un cataclismo se lo impida, tiene claro dónde terminará sus días. “Para mí, vivir aquí es perfecto. Tengo una barca anclada al lado de casa. De vez en cuando, la desamarro y salgo a navegar. Me gusta estar en el agua”, dice.

Lintner me recibe un día a mediados de diciembre, a primera hora de la tarde. El cielo está tapado e impide ver el sol. Hace frío, sopla el viento y llovizna. Algunas familias han colgado las luces de Navidad en el balcón. Todas son de color dorado. Ni rastro de las lucecillas de colores. De hecho, están prohibidas. Como también lo está pintar la fachada, poner un toldo rojo o instalar cualquier elemento de un color no permitido (es decir, todos menos el negro.) Es lo que tiene vivir en una cooperativa: el colectivo pasa por encima del individuo. También por lo que respecta la imagen. Las casas, cabe decirlo, parecen sacadas de una revista.

Más tarde, cuando le pregunto a Lintner si hay quejas, reconoce que la convivencia no siempre es fácil. “Hay gente que en su casa se siente el rey de su propiedad. Y aquí no hay reyes. Tal vez haya príncipes, pero no reyes”, dice. “Hay gente a quien le cuesta entender que aquí no puedes hacer todo lo que quieres. Estás en una cooperativa, y por eso tiene este nombre”.

Lintner me invita a cobijarnos de la lluvia mientras hablamos. Entramos en una pequeña sala de reuniones, dentro de la caseta donde guardan las herramientas. Hay decenas de ellas, o tal vez centenares. Palas, rastrillos e incluso una máquina quitanieves que de entrada confundo con un tractor; en resumidas cuentas, un verdadero arsenal de jardinería. “Somos mucha gente, por lo que podemos comprar más y mejor”, dice Lintner. En otras palabras: economías de escala aplicadas a la economía doméstica.

Lintner cuenta que los miembros de la cooperativa se dividen las tareas domésticas. Unos se encargan del jardín. Otros limpian, y también los hay que se ocupan del mantenimiento de las instalaciones. Le pregunto en qué grupo está él. “¿Yo? En ninguno. Soy el presidente”, dice. Y suelta una carcajada.

La cooperativa Marina Fjordparken nació en 2002, ligada desde el principio a la construcción del complejo residencial que ahora gestiona. El elevado coste inicial hizo que sólo las personas con un alto poder adquisitivo pudieran participar. “Cuando empezamos todo el mundo estaba invitado, pero los únicos que teníamos los recursos necesarios para tirar adelante éramos nosotros, los séniors”, dice. La media de edad de los miembros de la cooperativa, según Lintner, oscila entre los 65 y los 70 años. Él, por lo tanto, es de los jóvenes. Le preocupa que a medida que pierden fuerzas no sean capaces de seguir haciendo las tareas domésticas y tengan que contratar a alguien para que les eche una mano.

Hay 48 apartamentos, todos de una planta y exactamente 110 metros cuadrados. Cuando Lintner me cuenta lo que paga cada mes, le pido que me lo repita otra vez por si le he oído mal: con todos los gastos incluidos son unas 6.000 coronas danesas (800€). Lintner reconoce que es una ganga. Un estudiante que pague la mitad por una habitación en la ciudad puede darse por satisfecho.

Lintner se reúne con el resto de miembros del comité de la cooperativa cada seis semanas (en verano tienen dos meses de “vacaciones”). Contándole a él son cinco personas, más dos suplentes. Se encargan de administrar el día a día: por ejemplo, cuando hay que cambiar una bombilla. Normalmente no hace falta que consulten al resto de vecinos. Las cuestiones de más importancia, no obstante, las votan en la asamblea anual, donde participan todos los miembros de la cooperativa.

Una de las grandes decisiones que debe tomar la asamblea es el precio de las participaciones; esto es, lo que deberá pagar alguien que quiera ser miembro de la cooperativa y adquirir el derecho de uso de una de las viviendas. Todos lo miembros pagan esta cuota cuando entran en la cooperativa. Si deciden irse, recuperan el dinero; pero no el valor inicial, sino el precio de la participación actualizado.

El precio de estas cuotas de entrada está regulado. Su coste máximo está limitado por un techo que se fija mediante un asesoramente externo. El más utilizado es el de tipo público, que hace la administración. Pero también puede contratarse un asesoramiento privado. Una vez fijado el precio máximo de las participaciones, los miembros de la cooperativa tienen la última palabra a la hora de decidir el precio de venta.

Cuando Lintner entró en la cooperativa en 2002, el precio de entrada era de 282.000 coronas danesas (37.000 euros). Ahora supera el millón, aunque en los últimos años ha bajado. En 2011, el precio llegó a los 1,2 millones de coronas (más de 150.000 euros). El relevo generacional, con estos precios, será complicado. Lintner, sin embargo, defiende que aunque el precio es alto podría serlo aún más. “Queremos recibir un asesoramiento del precio que sea justo. Por eso escogemos que sea público. Si quisiéramos, podría ser más alto”, dice. Se refiere a pedir un asesoramiento privado, donde es más fácil hinchar el precio tope. “Hay gente en la cooperativa que quiere exprimir los beneficios al máximo. Pero la mayoría decimos: ‘No, seamos justos’”.

La cooperativa Marina Fjordparken no es un caso aislado. Durante la última década, la burbuja inmobiliaria ha afectado una gran parte de las cooperativas Andel y el precio de las cuotas de entrada se ha disparado. En Copenhague, entre los años 1999 y 2001, los precios de las participaciones se cuadriplicaron.

Como consecuencia de eso, muchas personas que hace años hubieran podido vivir en cooperativas ya no pueden permitírselo.

El problema, según el profesor del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Lund, Henrik Gutzon, es que “el sistema permite beneficiarse y obtener ganancias económicas de algo que, en principio, no debería darlas”. Según Lund, una de las claves que hizo posible que la burbuja inmobiliaria afectase las cooperativas fue una reforma aprobada en 2004 por el gobierno liberal-conservador. Esta permitía que la participación en una cooperativa sirviera de aval para pedir un crédito, cosa que antes estaba prohibida. La escalada de precios en el sector inmobiliario y el miedo a quedar fuera del mercado hicieron el resto. “Subiendo el precio de las participaciones, los miembros de la cooperativa no sólo aumentaban los beneficios cuando vendían un piso, sino que también tenían mejores condiciones cuando pedían un crédito”, dice Lintner.

Años más tarde, cuando los partidos de izquierdas gobernaron no revocaron las reformas. “Los social-demócratas terminaron por adoptar la agenda neoliberal”, dice Gutzon. Ahora, el gobierno danés vuelve a estar controlado por una coalición de partidos de derechas. Una de las reformas que podrían impulsar, asegura él, es la desregulación total del precio de las cooperativas. Si esto ocurriera, cree que el precio de las participaciones podría llegar a doblarse. “Hoy en día las cooperativas de vivienda son tan caras que ya no sirven su función social”, dice. “Pero aún siendo caras son asequibles. Si se desregulan los precios, en las zonas urbanas las familias con ingresos medios ya no podrán permitirse tener una vivienda”.

La consecuencia, dice, es la gentrificación de las ciudades danesas.

Pero aún quedan alternativas de vivienda asequibles dentro del cooperativismo danés. Se trata de los Almene. El investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona Lorenzo Vidal-Folch los considera “el último reducto de vivienda universalmente inclusiva”.

Vidal-Folch, especializado en cooperativas de vivienda, ha estudiado el sistema de los Andel y los Almene daneses. Mientras que los primeros se basan en la propiedad colectiva de la vivienda, los segundos se parecen más a una comunidad de inquilinos de alquiler. En un Almene no hay precio de entrada; sólo una cuota mensual.

El propietario de la vivienda en un Almene es una organización sin ánimo de lucro. Ésta, aunque reciba el soporte de la administración, es privada e independiente, y forma parte de una red de Almene a nivel nacional. Los Almene, cuenta Gutzon, son más fuertes organizativamente que los Andel. Ésta, asegura, es la clave por la que los Almene han podido resistir las reformas neoliberales que, en cambio, sí que han afectado a los Andel.

Tanto los Andel como los Almene tienen una gran implantación en Dinamarca. Según datos recogidos por Vidal-Folch, los Almene representan el 20% del parque de viviendas del país. Los Andel, un 20%. En Copenhague, en cambio, los Andel representan el 30% del total y son el régimen de tenencia más extendido, superando incluso la propiedad.

Gutzon cree que Cataluña puede aprender mucho de la experiencia danesa; tanto por lo que funciona como por los errores cometidos. Lo ideal, cree, sería una combinación de los Almene y los Andel. De los Andel destaca la flexibilidad y la capacidad de maniobra. Pero es importante que estos no sean totalmente independientes, como sucede en Dinamarca, sino que deberían formar parte de una asociación de mayor envergadura, como los Almene. Gutzon cree que las decisiones de gran calado, las que afecten al régimen de tenencia o a los precios de entrada, no se deberían decidir a nivel local. Esto evitaría la especulación y que un pequeño grupo de individuos decidiera enriquecerse.

Pero Vidal-Folch ve un gran inconveniente para aplicar el modelo cooperativo a Cataluña: la fragmentación de la propiedad de la vivienda. En los años 70, el gobierno danés introdujo una serie de reformas que facilitaron la creación de cooperativas Andel. Por ejemplo, prohibió la venta horizontal de los edificios (es decir, vender los inmuebles uno por uno). Aparte, facilitó a los inquilinos de los pisos de alquiler que compraran su propia casa y se constituyeran después en una cooperativa. Muchos propietarios creyeron que les salía más a cuenta vender los edificios a cooperativas que seguir teniendo los pisos en régimen de alquiler, que estaba regulado y dejaba poco margen para el beneficio.

En España, la situación es distinta. “Tener un piso y alquilarlo es uno de los negocios más rentables. O sea que es muy difícil que la gente los venda a precios asequibles para las cooperativas”, dice.

Pero Vidal-Folch ve una alternativa: aprovechar los edificios vacíos que ha dejado la burbuja inmobiliaria. Por ejemplo, los que están en manos de bancos y se gestionan a través de la Sareb. “En vez de venderlos a inversores internacionales que los compran ahora que los precios están bajos para venderlos cuando los precios suban, se podrían vender a cooperativas. Al fin y al cabo, los bancos han estado salvados con dinero público”, dice.

—Lo que hace falta es que alguien en el poder lo haga, y que las instituciones apoyen a las cooperativas.

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Por Alan Ruiz Terol y Laia Seró

Vanessa Valiño fue directora del Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC) y, desde junio, es asesora de la concejalía de Vivienda del consistorio que lidera Ada Colau: “Ahora el reto es cómo creamos una demanda ciudadana, cómo hacemos que esto llegue a los barrios y que la gente quiera organizarse e impulsar estas nuevas viviendas. Si no hay colectivos organizados que lo pidan y reivindiquen, será muy difícil que el Ayuntamiento pueda inventárselo”.

Valiño habla de campañas de sensibilización, de materiales didácticos y de juntar todos los actores implicados: cooperativistas, entidades financieras e instituciones. Y de uno de los primeros pasos que ha dado ya el consistorio en esta dirección: la creación de una mesa de vivienda cooperativa.

Compartimos la pregunta: “¿Es que no hemos aprendido nada?”, y a esta se le añade: “¿Qué hay que aprender y desaprender de Dinamarca?”.

Carlos Macías, portavoz de la PAH, se felicitaba el 19 de diciembre porque la plataforma logró introducir el debate de la vivienda en la campaña de las pasadas elecciones generales. Lo hizo con cinco propuestas, #Las5DeLaPAH: la dación en pago retroactiva, los alquileres asequibles, el stop desahucios, la vivienda social y los suministros básicos garantizados.

Un aprendizaje.

Él añadía lo que falta: “Recuperar el valor social de la vivienda y devolverlo al imaginario colectivo”.

Edición a cargo de Catalina Gayà y Gerardo Santos
Corrección ortográfica por Cristina Garde