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Gatillo fácil

— En Argentina, se contabiliza una muerte por abuso de violencia policial cada 30 horas

— Los culpables acostumbran a salir impunes o con penas de prisión simbólicas

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En Argentina sigue aumentando la cifra de muertes a manos de la policía. Ya son 4.644 los casos que a día de hoy la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) lleva contabilizados desde 1983, desde que terminase la dictadura de Videla. Una tendencia que se disparó con la crisis de 2001 y que se mantuvo hasta la actualidad independientemente del gobierno que ostentara el poder.

El caso de Rodrigo Corzo, un joven de 28 años asesinado en junio de 2003, es un caso con todos los ingredientes típicos del gatillo fácil en Argentina: un abuso policial discriminatorio, un sistema judicial que permite la impunidad policial y una sociedad cuyo miedo al delito estigmatiza a los sectores más pobres y vulnerables.

EL CASO

28 segundos.

Hasta entonces nadie sospechaba que Rodrigo Corzo, de 27 años, se convertiría en un caso más de gatillo fácil. Hasta entonces su promesa seguía en pie. Había prometido a su hermana, de 19 años, encontrar otro trabajo, además del que ya tenía como supervisor en una fábrica de serigrafía, para poder mantenerla mientras ella estudiaba derecho en la Universidad de Buenos Aires. Quería ser abogada desde que era una niña. Ambos vivían con sus padres en Hurlingham, una pequeña localidad situada al noroeste de la Provincia de Buenos Aires.

Es 28 de junio de 2003. Dos estruendos reverberan en el cielo oscuro de esa madrugada de un invierno cualquiera en Argentina, de esas donde no hay nadie en la calle, menos Rodrigo, que en ese momento cruza con el Renault 19 de su padre el puente de Santa Rosa, que conecta las localidades vecinas de Villa Tesei e Ituzaingó, para ir a visitar a su novia. También hay un patrullero de policía, siguiéndole. Y nadie más. O sí, pero eso se supo más tarde. Dentro del patrullero conduce Horacio Nuñez, inspector de la policía bonaerense, y le acompaña Cristian Alfredo Solana, subinspector oficial. Es éste último el que saca el brazo por la ventanilla y aprieta el gatillo. Bang. Una vez. Bang. Hasta dos veces lo aprieta.

28 segundos.

En uno de esos dos estruendos se escupe una bala de 9 mm, que desde el momento que sale disparada del revólver Bersa Thunder del subinspector, ya tiene dueño. Se sabe por el vaho de las ventanas del Renault 19 de Rodrigo que es una madrugada fría. También se sabe por el vaho de las ventanas del Renault 19 que Rodrigo no va disparando un arma, como justificaría Solana después. Sea como fuere, la promesa a su hermana sigue todavía en pie. Pero esa bala atraviesa entonces el maletero, los asientos traseros y el asiento del conductor del coche de Rodrigo. A continuación, atraviesa también su séptima vértebra lumbar y su pulmón izquierdo. Al final, Micaela tuvo que trabajar de teleoperadora mientras estudiaba derecho, porque después de atravesar su séptima vértebra lumbar y su pulmón izquierdo, esa bala de 9 mm acaba alojándose en su corazón, que ya jamás podrá cumplir con su promesa ya que a Rodrigo solo le dio tiempo a cambiar la marcha antes de que dejase de latir.

Porque según la autopsia, su corazón deja de latir exactamente 28 segundos después.
Todo cambió porque nada cambia en Argentina. Podría hablarse de un caso aislado, o de un error, o de un exceso, o de cualquier otra excusa que justificase un asesinato. Pero parece que todo se tambalea cuando son 4.644 (ya sea en la calle, bajo detención o en la cárcel) los casos aislados, los errores, los excesos, las excusas que justifican este número de asesinatos desde que la Coordinadora para la represión policial e institucional (CORREPI) empezara a recontar los casos en 1983. Incluso uno podría seguir manteniendo este argumento si 32 años después —y solo en los diez primeros meses de 2015— no hubiera habido otros 227 casos aislados. Es decir, 22 al mes. Cinco por semana. Uno cada 30 horas.

No es una violencia que esté compuesta por errores o excesos. Tiene una racionalidad y unas reglas

Teóricamente, puede haber desacuerdos entre los distintos expertos de distintos organismos que se preocupan por este problema. Es lo que ocurre, por ejemplo, con Esteban Rodríguez Alzueta, sociólogo integrante en la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, y María del Carmen Verdú, abogada de CORREPI. Para unos —Esteban— “no es una política de Estado. Sobre todo estamos pensando en prácticas de Estado. Nos apartamos de ideas conspirativas que tienden a pensar o sugerir que la violencia policial es un violencia decidida en las más altas cúpulas políticas”. Para otros —Verdú—, “es causa directa del sistema capitalista. Es una herramienta que está en el arsenal de cualquier gobierno que tenga que administrar una sociedad de ricos y pobres. ¿Cómo haces si no para que 40 millones de tipos mantengan a un puñado de parásitos porque sí?”.

Independientemente de qué ADN se encuentre en esta violencia policial —en la institución policial según Esteban o en el estado capitalista según Verdú—, ambos están de acuerdo en que dicha violencia no está de ningún modo compuesta por errores o excesos. De que “es una violencia rutinaria y no es caótica. Tiene una racionalidad y unas reglas”.

Cabe preguntarse entonces por qué el estado mata de forma tan impune a los suyos —pobres— en los barrios —pobres— de Argentina. Y además lo hace independientemente del color político que gobierne. Pasó con Alfonsín (década de los 80), pasó con Menem (década de los 90), se disparó en la etapa Kirchner (década del 2000) y se está volviendo a disparar con Macri, en la actualidad. Tampoco cambia el perfil, que suele ser casi siempre el mismo. Un joven —pobre— de barrio humilde, morocho (moreno) y con una edad comprendida entre los 15 y los 25 años. Mayoritariamente ocurre en los barrios del conurbano bonaerense (45%), Santa Fé (12%) y Córdoba (8%) y a manos de las policías provinciales (57%).

Detrás de todo hay una lucha que ya empezó en los años 90 (con el caso de la masacre de Budge y Walter Bulacio) y que continúa en la actualidad, dando visibilidad a un problema que no para de acrecentarse con los años.

 

LA BURBUJA DEL MIEDO

Se sabe que la familia Corzo comienza esta lucha la mañana de un sábado 29 de junio de 2003, tras una noche fría, de invierno en Buenos Aires. Uno se puede imaginar la estampa en un barrio del conurbano: árboles afilados y desnudos, olor a leña ardiendo, tierra húmeda convertida en fango y un rocío llorando en las ventanas.

Se sabe que todo empieza con desconcierto.

Dos policías timbran en su casa aproximadamente a las 10 de la mañana. Rodrigo se encuentra en la comisaría de Morón. No se sabe más. Narciso, que así se llama su padre y su mujer, se visten y van a buscarlo. Según cuenta Micaela Corzo hoy, apareció un artículo en la prensa —no se acuerda en qué medio— que relataba el testimonio del taxista que los llevó a comisaría. Los padres de Rodrigo Corzo piensan que no había llevado la documentación, y que por eso lo han detenido. Lo van discutiendo en el taxi. Es por esta razón por la que Micaela, que entonces tenía 19 años, se queda en casa. “Decidí quedarme porque pensaba que era que no había llevado el documento y Rodrigo se iba a enfadar por armar tanto quilombo”. Cuando llegan a la comisaría ven que el Renault 19 de Narciso, que su hijo se había llevado la noche antes, está enfrente de la puerta. No se dan cuenta aún de que el maletero del coche tiene un impacto de bala, la misma que hace 9 horas acabó con la vida de su hijo mediano. Esto aún no lo saben cuando entran los dos en la comisaría, donde antes de entrar a una pequeña salita le dicen a la madre.

—Señora, usted quédese aquí.

—Yo tengo problemas cardíacos. Quiero saber qué es lo que pasó con mi hijo.

—Quédese tranquila, señora— le dice el policía.

Así que a la sala solo entra Narciso.

Una vez dentro, un policía le dice la noticia. “Hubo un tiroteo… Rodrigo se tiroteó con un policía… lamentamos decirle que su hijo está muerto”. Micaela Corzo relata que los recuerdos de toda la familia en ese momento se desvanecieron. Todo ocurrió muy rápido y de forma confusa. Tan rápido ocurrió que a su padre aquel mismo día le llegó a dar un pequeño infarto. De todos modos sí se sabe que la madre de Rodrigo está esperando fuera y que en la salita se escuchan los gritos y los llantos de su marido, así que desobedeciendo las instrucciones del policía entra a la sala. —¡Lo mataron!

—¡Mataron a Rodrigo!— diría Narciso.

Poco después suena el teléfono en la casa de los Corzo, y Micaela lo coge. Es su padre. Hubo un tiroteo y Rodrigo estaba herido. Poco después de colgar el teléfono empieza a llegar gente a su casa: amigos, vecinos y familiares. Todos saben ya que Rodrigo había muerto, menos Micaela, que más tarde vuelve a recibir otra llamada. “Yo supuse siempre que Rodrigo estaba herido hasta que me volvió a llamar mi papá”.

—Hola Miqui..

“Y yo no lo entendía, no paraba de llorar y no lo entendía”.

—Habla bien que no te entiendo —dice Micaela a su padre.

Y la noticia cae entonces como una losa. Como un frío que golpea en cada recoveco de las entrañas de tu cuerpo. Un frío que Micaela, según reconoce, no se ha podido quitar nunca desde aquella mañana.

—Lo mataron, Miqui. Mataron a Rodrigo.

“Ahí me desmayé. Cuando entré otra vez en razón me llevaron a la comisaría”.

Es a partir de los años 90 cuando la sociedad argentina empieza a tener una sensación de inseguridad mayor de la que en realidad hay

Trece años después, Micaela ya es abogada. Ahora trabaja en CORREPI, a la vera de Verdú. Fue Verdú la abogada que defendió el caso de Rodrigo. Desde entonces, toda su familia se unió a aquella lucha iniciada en los años 90, donde también comenzó a brotar un nuevo germen que no haría más que contribuir al aumento de los casos.

Esteban Rodríguez señala que “en la década de los 90 es cuando tiene lugar la emergencia de la inseguridad. No solo aumenta la conflictividad sino que hay una mutación de la conflictividad. También una mutación de leer, ver o sentir esa conflictividad. Porque, con la emergencia de seguridad se produce el desdoblamiento entre el delito y el miedo al delito”. Es decir. Es a partir de los años 90 cuando la sociedad argentina empieza a tener una sensación de inseguridad mayor de la que en realidad hay.

Verdú no cree que esta ola de inseguridad fuera fruto del azar, sino que comenzó a proliferar como una forma para justificar la represión. “A medida que se empezaban a recomponer los organismos propios de la clase de trabajadores desde la dictadura, empezó a haber una creciente preocupación por la seguridad a la que nosotros llamamos la doctrina de la seguridad del ciudadano. La represión funciona como las balanzas de un ascensor. A más consenso menos represión directa necesitas y viceversa”.

Cuando ciertos sectores vulnerables son identificados como un ente sospechoso, se acaba produciendo una legitimización colectiva de la brutalidad policial

En 2003, dos años después de caer en una de las crisis más devastadoras (un 57% de la población, 20 millones de argentinos, se encontraban por debajo de la línea de la pobreza), se disparó el número de delitos (un 130% más desde 1990 hasta 2002), pero también este miedo al delito. Gabriel Kessler, sociólogo experto en materias de sentimiento de inseguridad, apunta en su último libro que en 1996 el miedo a sufrir un delito ocupaba la cuarta preocupación de los argentinos. Para 2004 este miedo ya ocupaba la primera posición en la lista de preocupaciones superando por primera vez al desempleo: un 61% frente a un 75% según el Centro de Estudios Nueva Mayoría. Desde entonces, el miedo a sufrir un delito ha ido incrementándose pese a que el número de los mismos no lo hiciese. Es entonces cuando el estigma aparece más fuerte. Cuando ciertos sectores vulnerables son identificados rápidamente como un ente sospechoso, originado por un excesivo miedo al delito, que acaba produciendo una legitimación colectiva e inconsciente de la brutalidad policial.

—Si yo te convenzo de la equivalencia entre cualquier morocho (moreno) que camina por la calle con pinta de pibe de barrio con un delincuente que puede matarte o violar a tu madre, cuando el policía le mete un tiro en la espalda vos decís ‘un chorro menos. Si no me robó ya me iba a robar’ —dice Verdú.

Es lo que pasa en multitud de casos, como el de Rodrigo Corzo, que el estigma de pertenecer a un barrio humilde pudo más que la rectitud moral que pudiese llevar en la vida.

 

RODRIGO EL DELINCUENTE

Hasta entonces, Rodrigo Corzo era un chico normal. Un chico de 27 años que vivía en Hurlingham, al noroeste de Buenos Aires, en el conurbano, en un barrio de casitas bajas y blancas y de caminos de tierra sin asfalto. Casitas diseñadas para los trabajadores de una fábrica textil, donde trabajaba Narciso, su padre. Era percusionista en una murga llamada Chinaka Murguera e iba a jugar la pelota cada viernes. Técnico superior en aduanas y técnico mecánico. Hablaba tres idiomas: Inglés, francés y portugués.

Es por todo esto que los padres jamás entendieron qué hacía Rodrigo con un arma e involucrado en un tiroteo.

Porque ésta fue la versión que dio la policía:

A la 1:30 de la madrugada del viernes se divisó un Renault 19 con dos jóvenes en su interior que, al ver el patrullero de la policía, realizó “un movimiento sospechoso”, por lo que el patrullero procedió a perseguirle. Cuando estaban siguiéndole, el joven que iba conduciendo sacó un arma por la ventanilla y realizó dos disparos hacia el patrullero. El acompañante se tiró del vehículo en marcha “y se esfumó”, tal y como declararon los policías en el juicio. Como respuesta, el subinspector oficial Cristian Alfredo Solana, un distinguido miembro del cuerpo, que además realizaba tareas de formación en la comisaría de Morón, sacó su revólver y disparó dos veces contra el auto de Rodrigo. Una de las balas impactó en el conductor, que moriría poco tiempo después. El auto siguió en punto muerto y se acabó de detener a unas cuadras. Horacio Nuñez, que iba conduciendo, dijo que padecía de vértigo por lo que cuando estaba cruzando el puente se tuvo que tapar los ojos, lo que le impidió ver lo que ocurrido.

Cuando investigaron el Renault 19 de Rodrigo encontraron el arma en el asiento del copiloto. En su riñonera se encontró también documentación de una mujer que, tal como se supo más tarde, había sido atracada unos días antes. De todo ello fue testigo un remisero (taxista) que aquella noche estaba cerca del puente. El remisero declararía que, aunque no supiera mucho de balística, se habían escuchado cuatro disparos, y que fue capaz de diferenciar el arma que disparó dos de ellos, un revólver calibre 22, es decir, del arma que encontraron a Rodrigo. También hubo otro testigo: el dueño de una verdulería que hay al costado del puente y que tenía su tienda abierta las 24 horas. Reconoció que escuchó cuatro disparos, y que incluso pudo divisar desde su tienda como salía un fogonazo desde el coche de Rodrigo.

Independientemente de que Rodrigo fuera o no disparando un arma, ya se puede apreciar en la declaración policial el estigma que manifiestan los policías cuando persiguen arbitrariamente a unos jóvenes por una maniobra sospechosa.

Esteban dice sobre esto que “para nosotros la violencia policial tiene un anclaje social. Es una violencia legitimada por la sociedad. Nosotros (la organización a la que pertenece) tenemos una consigna: no hay olfato policial sin olfato social. Detrás de todo hay una estigmatización social que no es ingenua, que crea condiciones de posibilidad para que la policía llegue y violente”.
Pero esta es solo una de las causas por las que se producen casos como el de Rodrigo. El subinspector Alfredo Solana pertenecía a un cuerpo de policía y también hay que mirar a este si se quiere entender bien el problema. Detrás del caso de Rodrigo no solo hay una sociedad que legitima el abuso policial. Para que esto ocurra hace falta también un Estado, una institución que ampare, proteja y promueva las detenciones arbitrarias, las torturas y los asesinatos, y que los convierten en cómplices de los mismos.

 

LOS FALLOS DE LA INSTITUCIÓN

En Argentina aún existe un procedimiento policial basado en la “portación de rostro”. Un policía puede realizar detenciones preventivas, de modo que si alguien le parece sospechoso, este pueda ser detenido y llevado a un calabozo para su “averiguación de identidad”. Esto legitima los abusos sistemáticos de la policía a aquellas personas que por su forma de vestir o por sus atributos físicos puedan llevar consigo un estigma social de “presunto delincuente”. Para Esteban, aquí es donde reside una de las claves del problema. “Las trayectorias vulnerables que perfilan las policías con la violencia policial se inauguran con la sistematización de la averiguación de identidad. Hay que pensar la violencia policial sobre todo a partir de la detención. La policía, además de tener el monopolio de la fuerza, tiene el monopolio de la identidad. Lo que hace en ese momento es certificar el estigma: lo corrobora y lo perpetúa en el tiempo”.

Los puntos más importantes de la ley que regula el comportamiento de la policía Federal no se modifican desde el 27 de marzo de 1979, es decir, desde la dictadura militar

Además, esto ocurre en el contexto de una institución militarizada con antiguos códigos de procedimiento. Sofía Tiscornia, coordinadora del equipo de Antropología Política y Jurídica de la Universidad de Buenos Aires, y especializada en violencia policial, asegura en uno de sus artículos (Violencia policial, de las prácticas ordinarios a los hechos extraordinarios) que “las estructuras organizativas militarizadas son comunes a todas las fuerzas policiales del país. Si bien las leyes orgánicas que las rigen destacan que se trata de cuerpos de seguridad civiles, la normativa y la práctica las han estructurado como cuerpos con esquemas de autoridad militar, con jerarquías rígidas y sistemas de control interno corporativos y poco transparentes. Esta militarización de las policías se ha debido en buena medida a las modificaciones impuestas durante las dictaduras militares”.

Para cerciorarse de ello, basta con hacer una búsqueda rápida para saber qué ley es la que regula el comportamiento policial. La ley es la 21.965 (normas que regulan la relación entre el policía federal y la institución) y en sus puntos más importantes no se modifica desde el 27 de marzo de 1979, es decir, desde que la impulsara el régimen de Videla, en plena dictadura militar.
Esta estructura militarizada asocia además al delincuente como enemigo peligroso, lo que acaba propiciando que se utilice la fuerza y las armas para aplacarlo. Al final, abatir delincuentes se convierte en una práctica rutinaria y aceptada dentro de las policías provinciales.

Sin embargo, María Carmen del Verdú no piensa lo mismo. “Mucha gente dice ‘los policías son unos animales, no están bien preparados o fueron entrenados por otro que fue entrenado en la dictadura’. Que ya han pasado 30 años, ¡no jodamos! Hoy hablamos de tipos que nacieron después del 83 y que sin ninguna duda fueron entrenados y capacitados en democracia”. Ciertamente, la dictadura acabó en 1983 por lo que sería lógico adoptar también la postura de Verdú, de que esto son solamente excusas para justificar una represión institucional que, sea quien sea el gobierno, va a haber siempre que el estado sea capitalista y la sociedad esté dividida en dominantes y dominados, en ricos y pobres.

Nada hubiera cambiado en la vida de Rodrigo si todo hubiera cambiado en la sociedad Argentina

La policía, además de tratarse de una institución con una estructura militarizada y cuya rutina es el uso de la fuerza, también es autónoma e independiente. Esto provoca que una vez se haya producido el caso de violencia policial, la misma policía sea la encargada de llevar la investigación, lo que posibilita que se oculten, destruyan o directamente se creen nuevas pruebas para evadir la justicia.

Fue así como se fabricó la historia de Rodrigo Corzo.

La investigación recayó en manos de los familiares y de la abogada Carmen Verdú. Si por la institución fuera, el caso se habría cerrado sin más y nunca se hubiera descubierto que la posición corporal que tenía Rodrigo a la hora de recibir la bala era incompatible con que fuera disparando por la ventanilla. Nadie hubiera puesto el más mínimo interés en percatarse de que el vaho de las ventanillas indicaba que estas iban cerradas, por lo que difícilmente podría ir disparando a través de ellas. También se hubiera pasado por alto que no se hallaran restos de pólvora ni en el coche, ni en el cuerpo, ni tampoco en la supuesta arma de Rodrigo. Hubiera parecido incluso plausible que el acompañante de Rodrigo saltara del coche y “se esfumara” en la noche. Es decir, hubiera sido plausible que un supuesto hombre saltara de un coche que va a 30, 40, 50 km/h —incluso más rápido porque estaban en una persecución—; cerrase la puerta mientras salta —todas las puertas del coche estaban cerradas—; se levantara y echara a correr, mientras que el patrullero que iba detrás en persecución no pudiera hacer nada para detenerle.
Se hubiera dado por bueno que Horacio Nuñez fuera con los ojos cerrados conduciendo el patrullero mientras cruzaban el puente, por culpa de su vértigo.

Se hubiera dado por bueno el testimonio del verdulero, que al final reconoció que venía del baño cuando ocurrió todo y no había visto nada.

Se hubiera dado por bueno el testimonio del taxista, que aseguraba poder reconocer el calibre de un arma solo con escuchar su detonación.

Se hubiera pasado por alto que ambos testigos eran, casualmente, amigos de los policías.
No se hubiera encontrado otro testigo meses antes del juicio, que en aquella oscura madrugada de viernes se hallaba esperando un autobús a la salida del puente. No se hubiera contado con su testimonio, que aseguró que solo se escucharon dos disparos y que estos procedían del patrullero.

Y por último. Nadie habría presionado a Horacio Nuñez en un juicio en el que, preso de su nerviosismo, se le llegó escapar que el coche de Rodrigo “estaba limpio” cuando lo inspeccionaron. Es decir, Rodrigo no tenía ningún arma, se la colocaron después.

El coche de Rodrigo “estaba limpio” cuando lo inspeccionaron. Rodrigo no tenía ningún arma, se la colocaron después

—Solana ahí se puso las manos a la cabeza mirando para su abogado porque sabían que estaban perdidos—, dice sonriendo Micaela.

Así fue como criminalizaron a Rodrigo, algo habitual en la policía a la hora de recomponer los hechos. En todos los patrulleros suele haber documentación robada y armas no reglamentarias —llamadas “perros” en el argot policial— que colocan a la víctima, de modo que luego pueda resultar más fácil alegar que la víctima era un delincuente y que ellos actuaron en defensa propia. En el caso de Rodrigo tuvieron toda la madrugada para “fabricar” los hechos. Desde la 1:30 que lo asesinaron hasta las 10 —casi nueve horas después—, que avisaron a la familia. Luego, a esa misma familia, si decide seguir adelante con el caso, se le hostiga y amenaza en muchas ocasiones para que les entre miedo y decidan no seguir reclamando justicia. Por eso, dice Micaela, “es tan necesaria la organización. Sino, un solo individuo es mucho más vulnerable a los ataques de la policía”.

Así es como se apoyan entre las familias. Merece la pena resaltar algunos de los casos que hacen reunir a las madres en las plazas, en los parques, en las comisarías y en los ayuntamientos. Porque no solo es la violencia policial lo que une y entrelaza la pena y la rabia, los estruendos de sus gargantas. También las une la falta de justicia.

 

LA INJUSTICIA SIEMPRE PRESENTE. UN DÍA EN LA PLAZA

Sergio Durán, detenido el 6 de agosto de 1992 en Morón. Torturado toda la noche para que confesara un homicidio que no había realizado. Murió de un paro cardiorrespiratorio por la descomposición del sistema nervioso y endocrino. Tenía 17 años.

—¡Sergio Durán!—, grita la oradora.

¡Presente!—, responden todos.

Jorge “Chaco” González, detenido arbitrariamente en Villa Fiorito en 2002. A la madre le pidieron 2.000 pesos por liberarle y no enjuiciarle “con una carátula pesada”. La madre solo pudo pagar la mitad y lo liberaron. Murió un par de semanas después por graves lesiones internas provocadas por la paliza que le propinaron en su detención. Tenía 31 años.

—¡Chaco González!—, grita la oradora.

—¡Presente!—, responden todos.

Enzo Fabián Álvarez. En septiembre de 2011 quiso robar una mochila con un arma de plástico. La persona a la que se la robó era un policía vestido de civil, quien lo persiguió hasta alcanzarlo a unas pocas manzanas. Allí lo redujo en el suelo y le mató de un tiro a unos 10 o 15 cm de su rostro. Tenía 25 años.

—¡Enzo Fabián Álvarez!, grita la oradora.

—¡Presente!, responden todos.

Luciano Arruga. Visto por última vez en enero de 2009. Venía sufriendo hostigamientos por parte de la policía de Lomas del Mirador y Morón por negarse a robar para ellos. Hallaron su cuerpo 5 años después en una tumba sin nombre en el cementerio de Chacarita. La causa de fallecimiento fue por atropello el mismo día de su desaparición. Tenía 16 años.

—¡Luciano Arruga!—, grita la oradora.

—¡Presente!—, responden todos.

Mauricio Morán. En 2006, un policía le descubrió robando piedras de carbón de un tren de Repsol para calentar su casa precaria. Como respuesta el policía le propinó un disparo en el pecho acabando con su vida. Tenía 14 años.

—¡Mauricio Morán!—, grita la oradora.

—¡Presente!—, responden todos.

Sebastián Bordón. En 1998, en un viaje de fin de estudios, sus profesoras lo pusieron en manos de la policía mendocina por problemas de conducta debido a un problema psicológico. Bajo tutela policial, fue brutalmente golpeado y abandonado a su suerte, hasta que murió de sed y hambre. Tenía 18 años.

—¡Sebastián Bordón!—, grita la oradora.

—¡Presente!—, responden todos.

Damián Alejandro Sepúlveda. Lo ahorcaron en la celda donde estaba recluido en la comisaría de Madariaga. El parte médico corroboró que estaba semi inconsciente por la paliza recibida en comisaría por lo que era imposible que hubiera podido ahorcarse en ese estado. Tenía 27 años.

—¡Damián Alejandro Sepúlveda!—, grita la oradora.

—¡Presente!—, responden todos.

David Vivas. Venía junto con dos amigos de bailar de una discoteca en marzo de 2013. En el barrio de villa Luján un coche casi los atropella, lo que inició una discusión. El conductor del coche era un subcomisario que volvía de trabajar de su comisaría de Quilmes. Su idea para acabar la discusión fue fusilar a David. Tenía 21 años.

—¡David Vivas!—, grita la oradora.

—¡Presente!—, responden todos.

Javier Alarcón. Era uno de los dos amigos de David. El policía consideró oportuno zanjar la discusión fusilándole a él también. Tenía 15 años.

—¡Javier Alarcón!—, grita la oradora.

—¡Presente!—, responden todos.

—¡Ahora!—, grita la oradora.

—¡Y siempre!—, responden todos.

—¡Ahora!—, grita la oradora.

—¡Y siempre!—, responden todos.

(Aplausos)

—¿Quién los mató?—, pregunta la oradora.

—¡La policía!—, responden todos.

—¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Esa costumbre de matar!—, gritan todos.

 

LA JUSTICIA EN RODRIGO CORZO

No hay ninguna institución que controle los abusos policiales. Entonces, cuando hay algún caso de abuso policial todo queda dentro de la comisaría. Ellos mismos reconstruyen el relato de los hechos de modo que parezca siempre que el policía disparó por legítima defensa. Aunque los disparos sean por la espalda. Aunque algunos incluso sean a escasos milímetros de la nuca, donde sería lógico pensar que el policía está cometiendo un fusilamiento y no defendiéndose en un tiroteo, como esgrimen.

Esto es debido al fallo de otra institución vital que provoca la violencia policial: el poder judicial.

La pasividad del aparato judicial permite un sentimiento de impunidad en el policía que contribuye a que cometa un “exceso” o “abuso” en su “legítima defensa”

Es lógico pensar que si el poder judicial fuera intransigente con los casos de violencia policial, los datos de asesinatos por la policía no serían desde luego tan alarmantes. La pasividad del aparato judicial permite un sentimiento de impunidad en el policía que contribuye a que cometa un “exceso” o “abuso” en su “legítima defensa”. Según CORREPI, menos de un 10% de los casos llega a juicio. De los que llegan, muy pocos reciben una condena y, de los que reciben una condena, ninguno la acaba cumpliendo en su totalidad.

Esteban dice sobre esto que “la clientela de la justicia es la misma que la de la policía. La policía le genera trabajo a la justicia. Los recursos humanos de los juzgados los proveen las clases medias y es un trabajo que se organiza a través de la pereza y el lucro. Tanto la modorra intelectual de la justicia como el ritualismo de sus empleados blindan también la impunidad de la violencia policial”.

Es de este modo como los jueces no se interesan por lo que ocurre en las clases bajas. Sofía Tiscornia sostiene que “los jueces no investigan ni producen pruebas, solo evalúan las que los agentes les elevan.” Si solamente evalúan las pruebas totalmente falsificadas o destruidas que les elevan los agentes, esto quiere decir que se conforman solo con la versión oficial que le da la policía, lo que al final produce que se acaben sobreseyendo la gran mayoría de los casos. María del Carmen Verdú ironiza sobre esto diciendo que “si se aplicara a la totalidad de la población sometida a procesos penales el mismo criterio que se aplica a los miembros del aparato represivo estatal, tendrían que irse todos los ministros de seguridad en chárter a Hollywood a contratar extras para que hagan de presos porque no te quedaría ni uno dentro de la cárcel”.

Según CORREPI, en el 90% de los casos el policía llega en libertad al juicio incluso condenado por la fiscalía por causas que traen aparejadas penas de prisión perpetua o de 25 años. “En cambio, si robas una cartera, que pueden ser 4 años, vas a estar preso desde el momento del hecho”, dice indignada Verdú.

El caso de Rodrigo fue una excepción. Solana entró preso desde el momento del hecho a la espera del juicio, que al final se realizó el 12 de febrero de 2007 en el Tribunal Oral de Morón, casi cuatro años después. Es un momento duro para los familiares, que muchas veces ven por primera vez al hombre que asesinó a hijo, a su hermano o a su padre. Es duro para los familiares porque también tienen que escuchar con atención el relato de los hechos, las usuales mentiras por parte de la policía y el informe del forense que especifica con todo lujo de detalles cómo murió la víctima. Tras desmontar toda la versión del acusado, el veredicto del tribunal fue dictar 16 años de prisión para Solana. Sin embargo, solo dos años después la condena se rebajó a 10 años y 8 meses. Micaela se sabe la justificación del juez de memoria, y así lo recita ella: “Nada, absolutamente nada justifica el accionar de Solana, pero 16 años para un miembro de la fuerza policial es excesivo”.

El caso es que gracias a la rebaja de la condena, en unos pocos meses Solana cumplió las tres cuartas partes de la misma, que permiten a un preso obtener la libertad condicional. Así fue como en noviembre de 2009, y solo 6 años y cinco meses después de asesinar a sangre fría a Rodrigo por un “movimiento sospechoso”, Solana ya cenaba en libertad con su familia.
Nunca se supo exactamente qué ocurrió antes de esos 28 segundos, ni cuál fue la motivación de Solana para apretar el gatillo de forma tan arbitraria. Solo se sabe que, hasta entonces, Rodrigo seguiría siendo un chico normal. Hubiera llegado a casa de su novia, que estaba a unas pocas cuadras del puente. Chinaka Murguera seguiría teniendo percusionista. La fábrica de serigrafía donde trabajaba seguiría teniendo un supervisor. Los amigos con los que jugaba a la pelota cada viernes no tendrían que jugar con uno menos. Quizás ahora Rodrigo tendría la crisis de los 40. Sus padres seguirían teniendo tres hijos. Micaela quizás podría haber estudiado derecho sin tener que sufrir amenazas de la policía y sin tener que enfrentarse a una lucha contra un sistema que encubre los abusos policiales. Nada hubiera cambiado en la vida de Rodrigo si todo hubiera cambiado en la sociedad Argentina. Si uno no pudiese ser asesinado mientras va a buscar a su novia por una simple sospecha.

28 segundos.

Porque todo acaba como empieza. Porque cuando pasó lo de Rodrigo llegaron muchos más. Todos del mismo modo. Pibes de barrio con un estigma encima como una losa, dispersados en una sociedad adicta al miedo que no acaba de condenar que estos pibes desaparezcan asesinados a manos de la policía, que bajo un manto de impunidad judicial, y bajo una institución militarizada y bélica, aprietan el gatillo al menor atisbo de sospecha. Bang. Una vez. Bang. Hasta 4.644 veces lo aprietan. Porque el caso de Rodrigo no para de repetirse. Es cíclico; como las estaciones del año, como la estampa que deja el invierno en el conurbano bonaerense, con árboles afilados y desnudos, olor a leña ardiendo, tierra húmeda convertida en fango y un rocío llorando en las ventanas.

Edición a cargo de Gerardo Santos

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— En Argentina, se contabiliza una muerte por abuso de violencia policial cada 30 horas

— Los culpables acostumbran a salir impunes o con penas de prisión simbólicas

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