El Olimpo de los jueces

TEXTO: Iria Rodríguez, Laura Mesa y David Vidal

En la cima de la Sierra de Collserola, el Consejo General del Poder Judicial tiene su particular Olimpo. Seis páginas de un archivo pdf explican cómo se llega, en coche particular, en transporte público o en taxi. El trayecto se resume en quilómetros de subida, muchas curvas y la sensación continua de estar a punto de llegar sin acabar nunca de hacerlo, alegoría perfecta del largo camino lleno de obstáculos que los estudiantes de Derecho deben recorrer hasta llegar a ser jueces. Acunada por un paraje idílico, con el azul del mar de fondo y escondida entre la vegetación frondosa, la Escuela Judicial se alza en Vallvidriera alejada de la civilización.

Al llegar, no es Zeus quien vigila la entrada y salida de los dioses, sino un grupo de policías nacionales que comprueban la identidad de todo aquel que se acerca para que nadie no autorizado ose entrar. Cuando el visitante pisa por primera vez la recepción, una aparente seriedad impregna repentinamente el ambiente primaveral, la
misma que muchos asocian a la palabra “juez” y que se atenúa a medida que las conversaciones y las risas de los estudiantes se escuchan más cercanas.

La del 23 de abril no es una semana cualquiera en Vallvidriera, y no porque sea Sant Jordi: desde tan arriba no se huele el perfumen de las rosas ni el olor de los libros nuevos. En la Escuela la semana es especial porque se combinan las clases con simulaciones judiciales. El plan docente de este año integra estas recreaciones con
clases teóricas, visitas a diferentes servicios sociales, charlas, conferencias de expertos y estancias en juzgados. Un maridaje de teoría y práctica que satisface a la dirección y al profesorado pero que acoge sin tanto entusiasmo el alumnado, quién opina que algunas de las actividades son totalmente prescindibles: “Clases sobre libros no son necesarias y las de redacción están mal planteadas. De la teoría a la práctica hay un mundo. Nos están enseñando cosas que después por cuestión de material, tiempo o compatibilidad de horarios no van a servirnos para nada”, asegura uno de los futuros jueces que quiere mantener el anonimato.

Puerta de entrada y lugar de permanencia de los aspirantes a jueces, la Escuela Judicial pasa por uno de sus momentos más delicados: han conocido hace poco la decisión del Ministerio de Justicia de no convocar oposiciones para este 2012 y ofrecer tan solo 35 plazas para el próximo año, en lugar de las 231 actuales. profesores, alumnos y aspirantes opositores están en la más absoluta incerteza: “Esto tiene unas consecuencias muy graves, y no solo para la Escuela – Marta Fernández, jefa de estudios de la Escuela Judicial, alza la vista en su despacho con expresión inquieta, mientras se debate entre hablar y no hacerlo–-. Hay gente que lleva años preparando la oposición y, no querría hablar de generación perdida, pero son personas que han hecho una inversión de muchos años de estudio y ahora se les acaban todas las posibilidades”.

Pero el Ministerio tampoco facilita las cosas para aquellos que ya han opositado. Con la excusa de la actual crisis económica, el gobierno ha decidido no crear más juzgados. Esto supone que, después de finalizar la etapa de la Escuela Judicial, a los alumnos no se les asegura un destino donde puedan ejercer de juez titular. Muchos de
ellos deberán conformarse con reforzar un juzgado y repartirse las demandas con el juez titular en lugar de instruir sus propios casos. Y gracias.

En la clase de Derecho de Familia de la mañana del 25 de abril en que visitamos la Escuela –un verdadero privilegio, si tenemos en cuenta las medidas de seguridad que envuelven el centro– asisten cerca de cuarenta alumnos, aunque lo habitual son clases con menos de treinta. El ambiente distendido y el intercambio fluido de
opiniones entre el alumnado y la profesora alejan la escena de las convencionales clases magistrales. De hecho, la Escuela Judicial no es una prolongación de la Universidad, sino que se convierte en paso obligado de los que quieren ser jueces después de haber aprobado las oposiciones. “La gente no sabe lo que hacemos aquí.
El otro día, sin ir más lejos –explica el alumno Ignacio Risueño–, una de las abogadas en prácticas que vino a la escuela preguntó a una compañera si estábamos haciendo el posgrado de la carrera”.

La mayoría de los alumnos de la Escuela coincide en que el traslado de esta sede formativa del CGPJ a Barcelona podría haber sido útil si se hubiese elegido otro emplazamiento, para acercar la justicia a la sociedad. En esta línea, Cristina Blas, alumna de la escuela, reconoce: “Aquí estamos aislados, es un año de vivir en una pequeña burbujita que viene después de vivir muchos años en una gran burbuja afectiva y personal”. Una burbuja que resulta de la dedicación a tiempo completo de las más de diez horas diarias al estudio de las oposiciones, alejados de la vida y de la sociedad.

El acceso más común a la carrera judicial se da al acabar los estudios de Derecho, cuando se superan unas oposiciones que consisten en un examen escrito y dos orales ante el Tribunal Supremo. Este periodo lo definen los mismos alumnos como “económicamente horrible y psicológicamente brutal”. Les sigue un curso de nueve
meses en la Escuela Judicial y siete meses más de prácticas tuteladas. Este procedimiento se basa en los principios del mérito y en la capacidad para ejercer la función jurisdiccional, según explica la ley que regula su acceso, aunque Sergio Oliva, alumno de la 63ª promoción de jueces, lo considera de una ineficacia injusta, porque
“te juegas la vida en una hora de examen y no se valora la capacidad jurídica de tu día a día”.

La burbuja que la total dedicación del sistema de oposiciones pide a los aspirantes se critica duramente desde el sector progresista de la judicatura. Jueces y fiscales coinciden en la necesidad de promover el acceso a partir de la experiencia y en consonancia con otros modelos europeos. Xavier González, portavoz de Jueces por la Democracia, pide que las oposiciones “no consistan únicamente en la memorística sino en el desarrollo de casos, en el aprendizaje de idiomas y en el conocimiento de nuevas tecnologías”. Una de las opciones que proponen es que el examen de acceso se asemeje al MIR. Es decir, una preparación de uno o dos años que permita después
especializarte en función de la nota y no pasar tanto tiempo aislado. El fiscal Francisco Javier Pérez sugiere en la misma línea “potenciar más el tiempo en la Escuela Judicial, donde las prácticas sean más importantes que el propio examen de acceso”.

Para incentivar una justicia independiente de los demás poderes democráticos, el magistrado de la sección décima de la Audiencia de Barcelona y miembro de Jueces por la Democracia, Santiago Vidal, también es partidario de una renovación en el sistema de acceso que lo acerque al modelo inglés y alemán, donde la memorística deja paso a la experiencia. En estos países, hasta los treinta y cinco años no se puede acceder a las pruebas para ser juez o fiscal y, hasta entonces, el aspirante debe haber cursado estudios de Derecho y otras disciplinas, además de haber trabajado en ámbitos diversos que le hayan permitido obtener conocimientos de todas las realidades. Estos modelos tampoco permiten una destinación fija justo después de haber aprobado, como el sistema de oposiciones español, sino que los candidatos deben estar tres años como jueces en prácticas en un tribunal colegiado.

En los años 80, el socialista Fernando Ledesma, entonces ministro de Justicia, incluyó una segunda vía de acceso a la carrera judicial, el Cuarto Turno, que pretendía ser una alternativa a la pura memorística. Si eras jurista de reconocido prestigio con más de diez años de experiencia profesional en los órganos de orden civil, penal o en los
órganos con jurisdicción compartida, podías ingresar directamente como magistrado sin necesidad de presentarte a unas oposiciones. Desde entonces y hasta ahora, la diferencia es que el examen que es necesario pasar es más breve y la estancia en la Escuela Judicial se acorta a un mes; y a dos, las prácticas tuteladas.

Esta es una opción que genera detractores y partidarios. Para los que están a favor supone la posibilidad de enriquecer la justicia con otras disciplinas y experiencias vitales ya que, para ser juez, “no solo la parte técnica y jurídica es importante, también es necesario observar y mirar a los implicados para crear un vínculo y demostrar
interés”, apunta Marta Fernández, jefa de estudios de la escuela. El magistrado Santiago Vidal reconoce que esta reforma buscaba despolitizar el acceso a la carrera judicial, pero también asegura que “cuando los partidos se dieron cuenta de que los jueces eran independientes, que estaban bien formados y que no se les podía controlar, tampoco potenciaron esta vía”. Por ello, el poder ejecutivo y legislativo no ha reformado la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1985 y modificada solo parcialmente en el año 2003.

A mediodía el comedor, una gran sala con una enorme vidriera que deja pasar toda la luz primaveral, se llena en su totalidad, y en las largas mesas blancas se escuchan conversaciones que nada tiene que ver con sentencias, demandas y resoluciones judiciales. Camisas, polos y jerséis que se olvidan de los colores vivos, con pantalones
de pinzas o tejanos oscuros, mientras que las bambas informales dejan paso al marrón de los zapatos marineros. Gafas para ellos, y ellas amenizadas por una fina capa de maquillaje, americanas y faldas, ensalzadas con zapatos de tacón. Una homogeneización formal rota por comentarios, colores y actitudes que entierran el estereotipo preconcebido de cómo debe ser un juez. “Los que estamos aquí somos más normales de lo que la gente cree desde fuera. Si nos vieran, se sorprenderían y pensarían: ‘¿esto es un juez?’. Pues sí”, sonríe Cristina Blas.

Después de comer, en el aula 3 de la Escuela Judicial se celebra la simulación número 27, en este caso de derecho familiar. En el centro del aula, y rodeado de sillas, se ha montado un set donde la mesa en forma de U está residida por una chica con toga –que hace de jueza– rodeada de secretarias y secretarios judiciales, un fiscal y, a cada
lado de la U, abogados de las dos partes implicadas. Sentados frente a la jueza, los dos interesados. No todos son alumnos de la Escuela Judicial, algunos de los abogados o el fiscal están también en prácticas. El aula no está del todo vacía: han venido profesores de escuelas de práctica jurídica de Málaga y Bilbao, además de un par de la propia Escuela. Encima de la mesa, códices de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Una pareja de Barcelona (viven en Gracia) debe revisar ante el juez, y a petición del fiscal, el acuerdo de divorcio, porque la mujer ha aceptado un trabajo en Estocolmo (Suecia) y, por lo tanto, se llevaría consigo al hijo (al que llaman José). No hay acuerdo sobre esto y el padre (a quien, por cierto, llaman ‘Arturo Mas’) pide la custodia
porque cree que no está en absoluto obligada a aceptar el traslado, sino que lo hace por una ambición profesional desmesurada e inoportuna, ya que el hijo se 12 años se encuentra en periodo de formación.

Los dos cónyuges figura que son catalanes pero tienen un divertido acento cordobés uno y vasco el otro. Sí, la simulación es toda ella marciana: hablan sobre la educación del hijo (José) y dicen que no tendrá problemas con el inglés en Estocolmo porque está escolarizado en un instituto bilingüe en Barcelona. Al observador, que sí es de
Barcelona, todo le extraña, porque sabe que todas las escuelas de la ciudad son, como mínimo, bilingües. “El tema de la lengua es donde más noto que a los juzgados llegan como de otro mundo muchos de los jueces que salen de la Escuela Judicial –lamenta el periodista de tribunales Jordi Panyella–, porque, si vas a administrar justicia
entre los ciudadanos y ya de entrada no pueden hablar en su propia lengua delante de la autoridad, mal vamos”. El catalán está visto como una peculiaridad folclórica, no como una lengua, en esta recreación, y toda ella se tambalea como ejercicio de aproximación a la realidad.

El alumno que hace de abogado defensor del famoso Arturo Mas pregunta muy mal. Tartamudea. Es impreciso. Duda. Y es agresivo hasta el punto que los profesores que lo observan tuercen la cabeza.

– ¿Usted cobra de las reparaciones y de las pequeñas chapuzas que lleva a cabo en domicilios de amigos y conocidos?
– No.
– Perdone, ¿está usted seguro?
– Sí, seguro.
– ¿Le puedo insistir en que reflexione sobre esta pregunta…?
– …
– Disculpe, pero… Bueno, me gustaría que constara que a mí me consta que sí cobra, señoría…

La alumna que hace de jueza le señala que no son adecuados ni el tono ni la observación.

– No puede usted hacer esto… Si le consta ya aparecerá en la documentación de la instrucción…
– Es que sé que miente, señoría…

Interviene un profesor de los que evalúan porque los estudiantes se apartan del guion.

– Letrado, para eso están las partes y los abogados: para mentir como bellacos.

Una sonrisa lucha por dibujarse en las caras de circunstancias de los improvisados ‘actores’. El padre, Arturo Mas, declara ahora. Alega los motivos por los que no quiere que su hijo se marche.

– Es que si el niño se va… no sé, me da un poco de pena porque no tengo medios para viajar con frecuencia y lo perderé de vista.

El crescendo dramático prosigue implacable. La abogada de la parte demandada tiene un discurso melodramático con acento gaditano y el fiscal se pone tan nervioso que parece tartamudo. Encima, se equivoca cuando pide la pensión alimenticia. Es el único de la sala que no se da cuenta de esto y tampoco se da cuenta de que todos los
profesores y los alumnos están diciendo que no con la cabeza mientras habla. Finalmente, la jueza le corrige públicamente y dice:

– Queda todo dicho para dictar auto.

Y empiezan las evaluaciones de los profesores. La abogada del Colegio de Málaga recuerda al letrado del exmarido que durante el interrogatorio no se pueden hacer comentarios, y le pide a la jueza que durante el juicio levante la vista de los papeles y mire a las partes para saber cómo son, cómo se mueven y cómo hablan. “Esa
información también le va a ser de utilidad a usted cuando administre justicia ante personas. Ya mirará después los papeles”.

La representante de la Escuela de Práctica Jurídica de Bilbao le pregunta a la chica que hace de jueza si es feminista.

– Bueno… no especialmente…

Ante el desconcierto de la chica, la profesora abogada –traje chaqueta, perfume caro, iPad, uñas de tigresa– le aclara:

– Me lo ha parecido por el sesgo de las preguntas y de la vista…

Al salir de las decenas de simulaciones que se han celebrado de forma paralela a la del señor Mas, los actores siguen por los pasillos larguísimos con grandes aulas a ambos lados, sofás, un ascensor nada claustrofóbico, vidrieras que filtran toda la luz posible y… ¡sorpresa!: una terraza con piscina y una mesa de ping pong. Mucho
dinero invertido en un escenario idílico para la formación, que se alzó en once meses hace quince años, y que ahora no sabe si esta será la última promoción que lo podrá disfrutar.

Es por ello que otro de los problemas de la justicia, coinciden alumnos, jueces y expertos, es que el Consejo General del Poder Judicial no tiene autonomía presupuestaria. ”Esto implica que solo puede encargarse [el CGPJ] de crear plazas para los jueces, no juzgados, que corresponde al Ministerio de Justicia. Si el Ministerio no da dinero, el Consejo no puede hacer nada”, explica Fernando Ruíz-Rico, alumno de la escuela. Esta dependencia proviene del interés político para controlar la justicia, tal y como explica el presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llarena: “El problema fundamental
de la justicia es que los jueces no tenemos capacidad presupuestaria pero sí tenemos la obligación de juzgar y hacer funcionar los juzgados con unos presupuestos que gestionan desde el poder ejecutivo”, dice.

A medida que el día avanza, las simulaciones finalizan y los alumnos se van a casa en una de las diferentes opciones presentadas en el largo pdf. Un día atípico para la escuela, porque las clases no son las convencionales; y para los alumnos y profesores, que temen preguntas comprometidas que les puedan dificultar después su
situación dentro del mundo de la judicatura. “Ser juez condiciona tu vida social y la manera de relacionarte”, reflexiona Marta Fernández antes de dejar su despacho hasta el día siguiente. Parece que en el Olimpo no solo viven los dioses. De vez en cuando también es lugar de paso para algunos mortales privilegiados, pero siempre
sin quedarse mucho. No sea que después se explique y que todos seamos más conscientes de las carencias jurídicas que se imponen desde la política.

Edición a cargo de David Vidal.