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Este artículo realizado por Elsa Hermida y Carles Baiges se publicó, de forma conjunta con el semanario La Directa, el 14 de marzo de 2013 y lo recuperamos ahora para celebrar el primer aniversario de la nueva web de SomAtents. Casi cuatro años después, las obras del Corte Inglés de Mataró siguen paradas.

A finales de año, un trabajo realizado por alumnos de la asignatura Arquitectura y Política de la Escuela de Arquitectura de Barcelona relacionaba tres casos de construcción de los grandes almacenes en las ciudades de Pamplona, ​​Almería y Mataró. Todos repiten un mismo patrón: El Corte Inglés se interesa por un solar céntrico en el que el Ayuntamiento normalmente ya tiene planificados equipamientos públicos. El gobierno municipal, para evitar que el proyecto termine en poblaciones cercanas, decide resituar bibliotecas, escuelas y hasta monumentos ya construidos en otros espacios, de forma que el terreno termina en manos privadas pese a la oposición de vecinos y partidos políticos.

En Mataró, una fábrica trasladada piedra a piedra

El caso más reciente se sitúa en tierras catalanas, concretamente en la capital del Maresme. Hace 6 años, El Corte Inglés comenzó a negociar con el Ayuntamiento de Mataró un solar ocupado por la antigua fábrica de harinas Can Fàbregas i de Caralt, un recinto clasificado con la máxima categoría de patrimonio arquitectónico local. Ante las promesas de puestos de trabajo y regeneración de la zona, el entonces alcalde socialista, Joan Antoni Barón, decidió impulsar el proyecto. En junio de 2009 se cerró el acuerdo con la compañía y el edificio fabril fue descatalogado y trasladado pieza a pieza a un terreno municipal para su futura recolocación y reconstrucción. Ante esto, los partidos en la oposición y la plataforma vecinal Salvem Can Fàbregas denunciaron el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y tras un largo litigio, el pasado mes de diciembre se declaró nula la aprobación del plan urbanístico que preveía la instalación de El Corte Inglés y el traslado de la harinera.

Otra denuncia presentada por la CUP, que advertía delitos urbanísticos y contra el patrimonio, fue desestimada por el juez, aunque el Ministerio Fiscal veía indicios delictivos. En el recurso presentado, la fiscalía ponía de manifiesto que los familiares del concejal de urbanismo, Ramon Bassas, eran propietarios mayoritarios de la fábrica y que ello había tenido cierta influencia en el proceso al no hacerse público hasta después de la tramitación urbanística. Aun así, el propio Ramon Bassas ha aclarado a SomAtents que la relación con sus familiares, “que no eran propietarios mayoritarios, ni tan siquiera se convirtió en motivo de imputación, dado que el juez instructor vio bien claro que no había influído en el proceso”. Otros afectados denunciaron que no habían recibido el mismo trato que ellos en la compra de sus naves. Además, por el compromiso del Ayuntamiento de dejar el solar “libre de cargas” a El Corte Inglés, el coste del traslado de la antigua fábrica, cuantificado en € 1.925.000, fue a cargo del resto de propietarios de la zona incluidos en el Plan de Mejora Urbana.

A todo este rompecabezas se suma un cambio de gobierno en 2011 y la llegada de un nuevo alcalde de CiU. Éste, que antes se oponía al proyecto, ahora ha liderado el recurso del consistorio contra la decisión del TSJC, planteando los cambios urbanísticos necesarios que permitan la construcción de las cuatro plantas de altura y las seis subterráneas del conocido grupo de distribución.

A pesar de que en enero de 2012 los grandes almacenes efectuaron la compra del terreno por 24 millones de euros y disponían de la licencia municipal de obras para edificar 67.000 metros cuadrados, el proceso quedó paralizado hasta el pasado 7 de marzo. Un acuerdo entre el gobierno y los opositores al proyecto permitirá, finalmente, la construcción de los grandes almacenes a cambio de la recolocación de la fábrica de harinas en unos nuevos terrenos y la ubicación de un equipamiento cultural antes del 24 de julio de 2015. De esta manera la plataforma vecinal Salvem Can Fàbregas ha aceptado retirar el recurso presentado ante el TSJC.

Batalla legal en Almería

Otro ejemplo no exento de polémica es el proyectado en la ciudad de Almería a principios de 2005, una construcción que se encuentra actualmente bloqueada por la Junta de Andalucía. El terreno de la disputa es de propiedad privada, una escuela de La Salle que la orden religiosa decidió vender al centro comercial. Las competencias autonómicas se oponen al acuerdo con el objetivo de conservar las plazas escolares de la zona, mientras el Ayuntamiento propone reubicarlas en otro barrio de la ciudad. El consistorio mantiene una intensa batalla con la Junta y haciendo oídos sordos a las advertencias de Educación firmó un convenio tripartito con La Salle y El Corte Inglés. Además conseguió aprobar un nuevo PGOU (Plan General de Ordenación Urbanística) que incluye la construcción de 219 pisos de lujo en el mismo solar y el ingreso de 25 millones de euros en las arcas municipales.

Por su parte el gobierno autonómico ha catalogado la escuela como Bien de Interés Cultural para frenar el proceso y asegura que no dará su visto bueno si el plan no cumple con los informes sectoriales de educación. Uno de los hechos más curiosos de este caso es la recogida de firmas iniciada por algunos comerciantes, quienes parecen convencidos de los grandes beneficios que la firma aportará al eje comercial.

Pamplona, el caso más controvertido

El caso de Pamplona, ​​uno de los más controvertidos, terminó el año 2005 con la construcción e inauguración del centro comercial. A principios de los años 70 el Ayuntamiento expropió un terreno a los militares para construir un equipamiento. La intención del consistorio era levantar una biblioteca, sin embargo cambió cuando El Corte Inglés se mostró interesado en ese mismo solar así como en otro en la población vecina de Barañain. Tras la pugna entre ayuntamientos, con sabotajes entre miembros del mismo partido al frente de las dos localidades (UPN) incluidos, la capital Navarra consiguió el favor de la empresa privada y de ese modo se cedía el terreno de intendencia y la biblioteca se recolocada en la escuela San Francisco.

Para lograrlo se cambió el uso del terreno y se organizó una subasta pública a la que sólo se presentaba El Corte Inglés. En ese momento los partidos en la oposición y los ciudadanos afectados tacharon al gobierno municipal de “brillante promotor” y es que el solar se vendió a los grandes almacenes por un tercio de su precio real. La venta se hizo efectiva por 3.500 millones de las antiguas pesetas (por un terreno que la oposición valoraba en 10.000 millones de pesetas) de los que además el 16% iba a parar a los militares como compensación, pese a que informes jurídicos internos indicaban que no era necesario. En este proceso se dieron muchas otras irregularidades como la inexistencia de un estudio de movilidad, el uso de suelo público para acceder al aparcamiento o que el edificio diseñado por el famoso arquitecto Rafael Moneo, superaba en dos plantas lo permitido por la ordenanza municipal.

Estos casos, así como otros muy similares a lo largo de la geografía española, han pasado de puntillas por la prensa generalista, y se han mostrado siempre como conflictos locales y en crónicas meramente informativas, cuando no claramente a favor de la construcción del centro comercial. El silencio mediático en torno a El Corte Inglés, fruto de sus grandes inversiones publicitarias en papel, televisión y radio, ha impedido dar a conocer una conexión que pone de relieve las particularidades de este modelo. Operaciones urbanísticas que se repiten en todo el Estado y que demuestran cómo la necesidad de un espacio público queda relegada a intereses privados, ignorando la voz de los partidos en la oposición y de las asociaciones vecinales que reiteradamente denuncian numerosas irregularidades.