Hoy en día, 26 años después, el crimen sigue impune.

En Madrid, Manuel Ollé se sienta a la mesa de reuniones de su despacho de abogados. Ollé forma parte de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHE), que en 2008 presentó bajo el principio de Justicia Universal una querella criminal ante la Audiencia Nacional por los asesinatos de los 6 jesuitas y las dos mujeres del personal universitario que murieron esa madrugada de 1989. Hoy se le ve sonriente, quizá porque sabe que el caso avanza muy rápido desde principios de este año: el 5 de febrero Estados Unidos aprobó la extradición a España de uno de los militares acusados, el coronel Inocente Montano, y El Salvador capturó a otros cuatro, que se encuentran a la espera de una decisión judicial para ser extraditados. “Nuestra actitud es muy positiva. Se ha trabajado muchísimo. Es un caso con una prueba muy sólida, con una prueba perfectamente cimentada en el tribunal y desde luego somos muy optimistas”, asegura Ollé.

—¿Cuál fue el detonador para que a principios de este año el caso volviera a tomar fuerza?

—Hombre, ten en cuenta que es un caso en función con unas importantes connotaciones internacionales, pero que aquí en España la única forma de juzgar a alguien es que esté presente frente al tribunal. Entonces nosotros tenemos el procedimiento abierto, pero no a las personas procesadas. A principios de este año el procurador de Derechos Humanos de El Salvador, David Morales, aseguró en declaraciones a la prensa que este crimen pertenecía al ámbito del derecho penal internacional y que, por lo tanto, había una obligación de extraditar a estos militares. La Audiencia Nacional, entonces, entendió que las condiciones eran propicias y pidió la orden internacional de detención y extradición contra 17 de los militares acusados.

—Y ahora que ya se ha capturado a cuatro de estos militares ¿qué procedimientos quedan pendientes para hacer posible la extradición?

—El Consejo de Ministros aprobó el 11 de marzo, hace un par de semanas, la demanda de extradición y dirigió la solicitud a las autoridades salvadoreñas, que son las que ahora tendrán que recibirla, ver todos los argumentos que da el juez español y decidir si acceden o no a la extradición española.

Mientras hablamos, el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo, se encuentra en un vuelo en dirección a El Salvador. Ahí ha rendido homenaje en la UCA a los sacerdotes asesinados, ya que cinco de ellos eran españoles. Además, García-Margallo ha solicitado directamente al gobierno salvadoreño que permita la extradición de los cuatro militares capturados y continúe con el proceso abierto contra los 13 restantes. La justicia y la diplomacia española han hecho su trabajo, ahora todo depende de la decisión que haga la justicia de El Salvador. Ollé lo describe así: “el balón está en El Salvador y ahí es donde se está jugando el partido”.

 

Un partido desequilibrado

La última vez que el balón estuvo en territorio salvadoreño, en 2011, la justicia del país centroamericano determinó que no extraditaría a ningún militar. Mientras nueve de los buscados por la Interpol se refugiaban en un cuartel de la FAES, la Corte Suprema de Justicia denegaba la petición de captura y extradición que había hecho unos días antes el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional. Ahora la situación es distinta: ya se ha capturado a cuatro de los acusados, pero el 17 de febrero el ministro de Justicia y  Seguridad Pública de El Salvador, Mauricio Ramírez Landaverde, aseguró que no se continuará con las capturas de los trece restantes, debido a que aún no hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre la extradición de los militares. Esto a pesar que el año pasado la misma corte dijo que no hacía falta una orden de extradición para realizar capturas solicitadas por la Interpol, como es el caso.

—¿Se puede confiar en que las autoridades salvadoreñas no harán lo mismo que hicieron en 2011?

—El gobierno, con independencia de lo que luego resuelvan los jueces y de acuerdo al tratado bilateral que han firmado con España, tiene la obligación de atender a la solicitud que se le ha pedido por parte de España. Me parece contradictorio lo que ha dicho el ministro de Justicia.

—Las declaraciones del ministro vienen justo después que el presidente Salvador Sánchez Cerén se reuniera con los partidos de oposición contrarios a la captura de los militares, que dijeron “estar en sintonía” con la opinión del presidente…

—Pero hay que distinguir la esfera judicial de la política. Yo desconozco el entorno político de El Salvador, aunque semanalmente recibo noticias de allí. Pero lo que sé es que ahora nos encontramos en el plano de lo judicial y en ese plano lo que yo creo que debe hacer el gobierno salvadoreño y sus autoridades políticas es, primero, respetar el tratado bilateral que hay entre España y El Salvador, porque para algo lo han firmado; y, en segundo lugar, deben respetar la labor judicial.

Una labor que no se respetó en 1992, cuando se realizó el único juicio que se ha hecho en El Salvador sobre el caso. El resultado fue que se condenaron a dos de los diez militares acusados. Pero fueron puestos en libertad un par de meses después debido a la Ley de Amnistía que se firmó el sábado 20 de marzo de 1993, en una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa, hecha a propósito para dar total impunidad a los criminales de guerra. ¿Por qué avanzar la sesión a un fin de semana? Porque solo cinco días antes la Comisión de la Verdad había publicado el informe que señalaba, con nombre y apellido, a todos los culpables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado, de los cuales la mayoría pertenecían a la FAES. En 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó que la ley debía quedar sin efecto, ya que un Estado no puede perdonarse a sí mismo.

—No olvidemos que estas leyes de amnistía el derecho internacional las entiende como absolutamente nulas. Porque se realizan precisamente para garantizar la impunidad de los autores de esos crímenes ¿Qué pasó en Argentina en el año 2005? Anularon la ley de punto final y de obediencia debida —y añade una última pregunta, quizás retórica, el abogado Ollé— ¿Qué debería pasar en El Salvador?

—Algunos políticos salvadoreños aseguran que la derogación de la ley supondría “abrir heridas del pasado” y acabar con la frágil paz del país…

—Yo creo que hay una regla básica: no se puede nunca renunciar a la justicia en favor de amnistiar a unos cuantos. Es una falacia entender que con una amnistía y con la renuncia a la justicia se va a conseguir una paz social y una convivencia mucho mayor por parte de los ciudadanos. Todo crimen internacional debe tener una verdad judicial.

La CIDH, en su informe de 1999, se refirió al proceso judicial de 1992 como unos “actos concatenados y orquestados para dar una apariencia de regularidad y de supuesta búsqueda de justicia” y concluyeron que la investigación llevada a cabo por el Estado salvadoreño “no fue emprendida con seriedad ni buena fe, y estuvo orientada a encubrir algunos de los autores materiales y a todos los autores intelectuales del delito”.

—Fue un procedimiento con una serie de deficiencias que no supera ni mínimamente los estándares del proceso debido. Y lo digo con todos los respetos y admiración por el pueblo salvadoreño. Fue un juicio donde hubo coacciones al jurado, un juicio donde los fiscales se tuvieron que apartar, donde se falsificaron pruebas. La CIDH lo define con una palabra muy clara: cosa juzgada fraudulenta. Y, por tanto, no puede ser válida y hay que proceder al verdadero enjuiciamiento de estas personas.

—¿Es ese argumento el que abre la posibilidad de que la Audiencia Nacional tome la jurisdicción del caso?

—Claro. Además, en mayo del 2015 el Tribunal Supremo dijo en un auto que, con los datos objetivos que hay en la causa, no se garantiza un juicio con todas las garantías en El Salvador

—Pero precisamente la UCA, la universidad de los jesuitas, es una de las instituciones que está en contra de continuar el proceso fuera del territorio salvadoreño ¿Cómo se entiende esta postura?

—Lo deseable, y yo soy el primero que lo dice, es que la justicia se haga en el lugar donde se cometieron los delitos. ¿Cual es el problema? Que estos crímenes tienen un contexto internacional y si no se juzgan en ese lugar habrá que enjuiciarlos en cualquier otro, donde sea. No tenemos una Corte Penal Internacional con competencia para este tipo de crímenes. Entonces se tendría que enjuiciar a la par del principio de Justicia Universal tal como se está haciendo aquí en España o en el mismo El Salvador ¡Pero qué se juzgue! ¡No que se perpetúe una cosa juzgada fraudulenta, que es lo que está sucediendo!

 

España, de referente a obstaculizador

En el cuarto de reuniones del despacho de Ollé hay muchísimos libros, blancos casi todos, y un par de diplomas. Pero al lado de la puerta hay un cuadro que destaca de entre todo lo que hay en la habitación. Se trata de una secuencia de tres fotos donde en primer plano se encuentra Ollé, muy joven, abrazando a un abogado que llora. Pero parece que sus lágrimas son de felicidad, porque toda la gente que le rodea, incluido Ollé, se ven muy alegres. Le pregunto sobre la foto e inmediatamente una sonrisa amplia se dibuja en su cara. Se pone de pie y se acerca al cuadro. “Estas fotos son del 30 de octubre del 98 a la salida de la Audiencia Nacional. Ese día la Audiencia Nacional declaraba por unanimidad la jurisdicción española para enjuiciar a Pinochet por genocidio y para investigar los crímenes de la dictadura argentina”. El abogado que llora es Carlos Slepoy, uno de los personajes clave en la investigación del dictador chileno. En la foto también está una sonriente Matilde Artés, entonces presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, una de las organizaciones más importantes en la búsqueda de los desaparecidos por la dictadura argentina. Ollé formaba parte de la veintena de abogados que estuvo presente cuando se leyó el auto de la Audiencia Nacional. “Estábamos todos ahí, expectantes, cuando de pronto empiezan a leer la sentencia y dicen ‘se declara por unanimidad…’ en ese momento nos acojonamos, pero luego dicen ‘…desestimar el recurso y confirmar la atribución de jurisdicción’. Entonces estalló la alegría. Mira que he llevado distintos casos, pero ese ha sido, sin duda, el momento más satisfactorio de mi carrera”, comenta Ollé claramente emocionado al ver las fotografías.

La sentencia de la Audiencia Nacional marcó el camino para que España se convirtiera en un referente de la Justicia Universal, al menos hasta 2014, cuando el PP aprobó en solitario la Ley 1/2014 que limitaba la jurisdicción española en casos internacionales. De esta manera se minó el papel crucial de la justicia española en la lucha mundial contra las violaciones a los Derechos Humanos. Una labor que había desempeñado, sobre todo, a partir de la actuación del juez Baltasar Garzón en el arresto de Pinochet en 1998. Ese caso en concreto hizo que se considerara a España como un ejemplo aseguir en la aplicación del principio de Justicia Universal. La propia APDHE se encuentra personada en distintos casos, como el del genocidio de la población saharaui, las torturas en Guantánamo y los crímenes contra la población indígena en Guatemala.

—¿Qué ha hecho que la aplicación de la Justicia Universal sea tan importante en España?

—El contexto yo creo que es muy importante. Hoy es muy difícil enjuiciar un crimen de estas características cuando no se enjuicia en su país. El único escenario posible en una situación de impunidad es acudir a la Justicia Universal. Sea en España, sea en Bélgica, sea en El Salvador, sea en el país que sea. La Justicia Universal no es un invento de España. No es un invento del juez Garzón ni de ningún otro juez español. Es un principio que tiene carácter internacional. Ante la ausencia de un Corte Penal Internacional con plenas competencias, ante la ausencia de justicia en el lugar donde se cometieron los crímenes y ante la obligación de la comunidad internacional de perseguir estos crímenes ¿Por qué no lo vamos a hacer desde las jurisdicciones nacionales? Y así se ha hecho y ojalá más países se sumaran al carro de la Justicia Universal.

—Pero, por ejemplo, en El Salvador cuando se habla de la querella contra los militares, en España algunos políticos opinan que se trata de una injerencia en las leyes del país…

—[cortando la pregunta] No , no, ¡No! En Naciones Unidas es un principio que está muy asentado. Y ese principio está diciendo: cuando a ustedes en su país no le protejan esa vulneración de los DDHH la comunidad internacional tiene que reaccionar. Y en el ámbito de la justicia será no sólo a través de los tribunales internacionales, cuando tengan jurisdicción y competencia, sino también podrá ser a través del principio de Justicia Universal, porque cuando este principio actúa el tribunal está en representación de la comunidad internacional y, precisamente, contra enemigos de la humanidad.

Sin embargo, en 2014 España realizó un retroceso en materia de aplicación de la Justicia Universal, debido a la aprobación de la Ley Órganica 1/2014 que limita la jurisdicción española a los casos internacionales en los que los acusados sean españoles o, de ser extranjeros, se encuentren en España. Según Ollé, “la reforma fue un ataque político venido directamente de China, por la investigación del genocidio en el Tíbet. Pero desde luego celebrado, aplaudido y alentado por Israel y EEUU. No tengo la menor duda”.

Es un hecho que muchos casos se vieron paralizados por el cambio de paradigma jurídico en España. Algunos de los más importantes fueron el caso de José Couso, el de los bombardeos israelíes en Al-Daraj (Gaza) y el propio caso del Tíbet que se archivó en junio de 2014. Aun así, el caso de los jesuitas ha logrado salir adelante a pesar de la reforma. En un comunicado, la APDHE afirmaba que la extradición de Montano y la captura de cuatro de los militares implicados en el caso jesuitas significa un éxito para la Justicia Universal.

—¿Si el caso de los jesuitas continúa y se consigue juzgar a los militares, significaría un cambio para la Justicia Universal en España?

—Sí, yo creo que sería una demostración de que a la Justicia Universal no se le puede poner límites. Y no se la puede cercenar como se ha tratado de hacer. Que el sentir de la comunidad internacional es otro muy distinto. Más allá de intereses y presiones políticas que evidentemente las ha habido, las hubo y las habrá.

El caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas ha logrado continua, entre otras razones, porque cinco de las víctimas eran españolas. Pero en casos como el de Guantánamo o del genocidio en el Tíbet no hay una relación tan fuerte con España y por eso mismo se encuentran estancados. Aun así, la justicia española debería tener total libertad para juzgar esos hechos, ya que “lo importante es que se haga justicia, sea en el lugar donde se han cometido los delitos o sea donde sea”, como explica Ollé. Ahí radica la virtud de la Justicia Universal, en que garantiza que independientemente del régimen político en que vivan las personas, siempre tendrán asegurado el respeto a sus Derechos Humanos. Y mientras no exista una corte internacional con la jurisdicción completa sobre casos que atenten contra la humanidad, son y deberán ser los Estados quienes garanticen que se haga justicia.

 

Última oportunidad de hacer justicia

En el caso de los jesuitas asesinados en El Salvador, la Justicia Universal es la última esperanza que tienen los familiares de las víctimas para que se haga justicia. Veintiséis años después, los poderes políticos salvadoreños siguen siendo un obstáculo para la reparación de los daños y el señalamiento claro de los culpables de muchos delitos cometidos durante la guerra civil. Aunque este panorama no es solo típico de El Salvador: Guatemala, China, el Sahara Occidental y Palestina, entre otros, son ejemplos de cómo la política puede interferir directamente en la búsqueda de la justicia. Pero también es el caso de España…

—Los paralelismos son odiosos, pero al pensar en el caso de los jesuitas no puedo evitar relacionarlo con la historia de España. Aquí no se han condenado nunca los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura de Franco. ¿Tiene sentido que España juzgue a militares extranjeros cuando no ha juzgado a sus propios militares?

—Te entiendo perfectamente. Pero esa es una pregunta más para las autoridades políticas españolas y determinados jueces españoles. La APDHE está muy activa precisamente en la persecución también de estos crímenes. Es una impunidad que existe, es una impunidad con la cual se está peleando. Mire sino lo que le pasó al juez Garzón precisamente por la investigación de estos crímenes…

—Y por eso mismo las víctimas se han tenido que ir a otro país, a Argentina, para que se investigaran los hechos. Así como han hecho los familiares de los jesuitas asesinados en El Salvador…

—La pregunta de usted es clarísima. ¿Tiene sentido? Ninguno. Es una contradicción absoluta. Yo creo que con un poco de trabajo y viendo las cosas desde un punto de vista racional, sin apasionamientos, se puede llegar a juzgar por fin estos hechos y conseguir la verdad judicial que es tan necesaria. Y lo mismo debe pasar en El Salvador. Con independencia de que sea España quien está tratando la solicitud de captura y extradición de los acusados por el caso de los jesuitas, sería perfectamente posible que se juzgara en El Salvador. ¡Pero que se juzgue! ¡Y que se juzgue con verdad y justicia!

Ollé pega dos golpes contra la mesa y deja claro que a la Justicia Universal no se le deben poner trabas.

Edición a cargo de Gerardo Santos
Edición fotográfica a cargo de Estefania Bedmar