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¿Dónde estamos los periodistas?

— Ante la violación del derecho a la libertad de expresión y a la información, se echa de menos una reacción de movilización de los profesionales de la información de todo el Estado

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Durante los últimos días hemos testimoniado decenas de actuaciones de cuerpos y fuerzas de seguridad que violan flagrantemente el artículo 20 del título primero de la Constitución Española, que describe los derechos fundamentales y las libertades públicas, que en su primer párrafo garantiza el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, de palabra, por escrito o a través de cualquier método de reproducción. Aunque el propio Estado ha exhibido el apoyo internacional –tibio y desigual, de hecho– a su posición, es una actuación impensable en democracias que han afrontado demandas soberanistas como Gran Bretaña o Canadá, y con un único precedente en España: el cierre en 1998 y 2003 de Egin y Egunkaria, cierres declarados por cierto inconstitucionales respectivamente en 2009 y 2010.

Estos días, Correos obvia la inviolabilidad constitucional de los envíos y la policia confisca revistas, letreros y pancartas; se registran imprentas y medios de comunicación; la Guardia Civil ha entrado en las redacciones de diversos medios… Y quizás nos hemos acostumbrado a lo más grave de todo: la prohibición y la anulación por parte de la policia de actos públicos, en los que a menudo no solo no se cometía ningún delito, sino que ni tan solo se actuaba, ya puestos, contra las órdenes dudosamente constitucionales de la fiscalía general del Estado, ya que su naturaleza era, en muchos casos, la de actos de solidaridad organizados por ciudadanos de Madrid, Euskadi o València que no pueden votar el día 1 de octubre. En resumen: En el Estado español, la tramposa hibridación del poder judicial y del ejecutivo ha declarado ilegales unas ideas políticas que, compartidas o no, no son racistas, ni violentas, ni fascistas, y que además son muy ampliamente mayoritarias dentro de lo que la idea Unión Europea denomina la región autónoma catalana. Y estas son, simplemente, que el actual estatuto político del país ha de ser revisado y que es necesario convocar un referéndum para determinar, de cara al futuro, la relación con el Estado español.

Como decía, el viernes 15 de septiembre la Guardia Civil entró en las redacciones de diversos medios de información catalanes que habían aceptado la campaña institucional de la Generalitat. Los agentes identificaron algunos de los periodistas presentes en su puesto de trabajo. No es ninguna broma, y muchos de los profesionales viven días de angustia. Las multas a las publicaciones, si llegan, amenazarían su supervivencia, si es que no se cierran de facto antes. Pero la verdadera sorpresa ha sido un denso silencio sobre este estado de excepción por lo que respecta a la libertad de expresión y el derecho a la información por una parte significativamente mayoritaria de los propios periodistas –no hablamos de los afectados, obviamente, que hacen lo que pueden– y de la sociedad. Las ediciones de papel en las dos cabeceras de información general más vendidas en Catalunya, La Vanguardia y El Periódico, ni tan solo informaban al respecto el sábado 16. ¿Dónde están los intelectuales supuestamente de izquierdas de aquí y de toda España? ¿Haciendo bromitas sobre Assange? ¿Y dónde están los periodistas, los de aquí y los de allí? ¿Somos meros asalariados sin conciencia de la función capital que tenemos en una sociedad democrática?

Si me permitís, que los medios serían el campo de batalla político en estos meses lo supimos 56 minutos después del atropello masivo en las Ramblas de Barcelona, el 17-A, gracias a El Periódico. Desde entonces, mucha gente me ha preguntado: ‘¿Y tú qué lees para informarte?’ –y yo respiro hondo y soplo–; en estos meses, mucha gente me ha dicho que antes leía El País pero que ahora no lo puede ni abrir; que veía la Sexta pero que ahora no entiende a qué juegan; que leía El Periódico pero que ahora se le cae de las manos; podríamos seguir, porque es probable que muchos de los que leéis esto hayáis decidido dejar de leer el Ara estos días, pongamos por caso.

La prensa es campo de batalla, y lo seguirá siendo mientras los medios sean una de las principales instancias mediadoras entre aquello que entendemos que es real y nosotros, sujetos simbólicos que vivimos dentro de semioesferas narrativas. Y este conflicto político es sobre todo un extraño choque de dos burbujas narrativas, dentro de las cuales las mismas palabras –estado de derecho, soberanía nacional, democracia, derechos constitucionales– tienen sentidos literalmente diferentes. No hay en estos momentos un principio de realidad en que se encuentren estos dos macrorrelatos. Y cada uno tiene sus instancias narrativas de mediación.

Rara vez nos enfrentamos, sin ridiculizaciones ni caricaturas apriorísticas, a aquello que es radicalmente el otro

Orwell lo explicaba más bonito, pero fundamentalmente venía a decir lo mismo en los años 30, cuando en Homenaje a Catalunya se maravillaba –decía– de la capacidad de los diarios españoles para decir, no lo que pasa sino lo que ellos deseaban que pasase. Podríamos matizar, con Martín Barbero –y con toda la lingüíustica pragmática–que los medios median simbólicamente, y que el lenguaje no sirve tanto para decir qué pasa sino para hacer que pasen cosas, las cosas que queremos que pasen, precisamente. Como actor político, decía el admirado Héctor Borrat, los medios intervienen proponiendo mundos posibles: nada de decir qué pasa. Este mundo posible suele coincidir con el que nosotros esperamos encontrar, porque los ciudadanos tenemos tendencia a exponernos selectivamente en los relatos que coinciden con nuestra ideología. Eso, aumentado hasta el paroxismo por las redes sociales, nos ha llevado a una preocupante crisis de alteridad en la cultura actual. Rara vez nos enfrentamos, sin ridiculizaciones ni caricaturas apriorísticas, a aquello que es radicalmente el otro. La consecuencia es grave, porque las democracias occidentales se han construido sobre el concepto de opinión pública, una arena discursiva y de debate donde nada es cierto ni falso, sino solo más o menos verosímil.

Hecho el matiz, es cierto que vivimos unos días en que las portadas de los diarios parecen dar más razón al autor de 1984 y Rebelión en la granja. Es cierto: tanto entonces como ahora la prensa española ha estado caracterizada por las partidas y los bandos, por los enfrentamientos y los ataques mutuos, es decir, muy politizada, y no queremos decir con ideas políticas propias, situación deseable y quizás incluso indispensable para editar un medio informativo, sino vinculada más o menos directamente (por la vía de la influencia o del directo control económico) a partidos políticos del sistema. Orwell, que había venido a luchar por la República, se dio cuenta que los medios de comunicación devienen un campo de batalla más.

Pero volvamos al silencioso papel de los periodistas. Quizá los efectos de la larga crisis industrial en el campo periodístico han afectado de manera sustantiva la capacidad de los periodistas, en principio profesionales vocacionales –como los médicos, los bomberos o los maestros–, para defender la autonomía y la relevancia de su faena. Miedosos, silenciosos, sumisos. Se sienten palabras como despido o ERE, y ya sabemos que el que se mueve no sale en la foto. Tienen que llegar a fin de mes, se dice, tienen hipotecas. En el acto inaugural del curso de Periodismo en la UAB, Bru Rovira dijo hace años a los estudiantes que si querían ser periodistas para pagar una hipoteca y llegar a fin de mes con una vida tranquila era mejor que se fuesen inmediatamente y abriesen una mercería. Echando cuentas, algunos de los que no se levantaron aquel día de hace más de diez años en el Aula Magna, son hoy los protagonistas silenciosos de nuestras redacciones.

Algunos critican, en estos momentos en que un pequeño paso nos separa de un estado de excepción, el silencio o la tibiedad del Col·legi de Periodistes de Catalunya –porque debían esperar mucho de él, supongo–, yo echo en falta en cada medio más comités de redacción, más comités de empresa cuestionando las líneas editoriales de sus medios, más periodistas sin miedo (!) defendiendo los derechos en la cláusula de conciencia y la discrepancia que, como periodistas, la Constitución nos garantiza. Y haciéndoles la peineta cuando se van por la puerta y enviando a tomar por saco a los directores –algunos lo han hecho estos días, y eso les honra, sobre todo porque los otros, los cobardes, hacían broma. Cada mesa, un Vietnam, y que la frase no sirva solo para lucir en la portadita de un libro.

Traducción al castellano por Gerardo Santos

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