Desde las calles a las cárceles

A Modou lo conozco horas antes del acto de presentación de Irídia, el nuevo centro de defensa de los derechos humanos en Barcelona.

Quedamos con Modou y con Andrés García Berrio en el despacho de Arrels Advocats, en el número 26 de la calle Ausiàs March de Barcelona. Al llegar, a las 9.30 de la mañana, el abogado no está. Llega enseguida, a diferencia de Modou que dice por teléfono que se retrasa una hora. Mientras esperamos, le explico a Carles, el fotógrafo, lo que vamos a hacer. Modou se dedica al top manta. Fue presuntamente agredido y detenido el 16 de agosto de 2012 en el metro de la Barceloneta por la Guardia Urbana (GUB). Los abogados de la GUB piden dos años y seis meses de cárcel por supuesto atentado contra la autoridad. Modou denunció maltrato en comisaría, pero su denuncia fue archivada.

Ante la demora, bajamos los tres a un bar a tomar un café mientras Andrés García Berrio asegura que los abusos sobre el colectivo de manteros son frecuentes y que este es uno de los diversos frentes de defensa por los que se crea Irídia.

Nos sentamos y nos explica los tecnicismos del caso y algún que otro detalle de la agresión y, a mí, se me cierra el estómago. Al volver al edificio, el ascensor, que ya tiene unos años, no baja. Subimos resoplando las escaleras y nos encontramos a Modou por el camino. Tras un breve estrechón de manos, avanzamos hacia el despacho. Está compuesto por un recibidor con un sofá y sillones, y dos estancias con tres mesas, llenas de papeles, carpetas y archivadores. Son habitaciones pequeñas, pero espaciosas y abiertas; las paredes son blancas, con ventanales al estilo colegio británico de los años cincuenta. Parece que los cuatro estamos cómodos cuando Modou comienza a contar la historia que le llevará ante un juez varias veces, de la mano de Andrés, gracias a un amigo que los puso en contacto. Porque para un mantero, la relación con la defensa de sus derechos, me explica, funciona por contactos.

Modou Mbaye es de un pueblo de Senegal donde mucha gente no tiene luz, señala. Es alto y delgado, viste una chilaba larga, blanca, pantalones frescos y unas sandalias, llenas de polvo. Lleva un gorro de lana en la cabeza. Nos mira con expectación y esboza una sonrisa. Tiene 28 años. Cuenta que llegó en 2007 en barca a la costa de Tenerife, con apenas 19 años. No me imagino yo en esa situación a los 19, ni de coña.

A la tercera fue la vencida. Los dos intentos anteriores de remar hacia Europa acabaron en pillada del quince, varios días de cárcel en Marruecos y de vuelta a Senegal. Pero esta vez lo consiguió; la poli los cogió, pero “por suerte” no fue devuelto. Y dice que fue por suerte porque, según él, la deportación es bastante arbitraria. Eligió Barcelona como destino, donde tiene amigos. “Mis padres son mayores, no tienen fuerzas para trabajar. Yo vine aquí para buscarme la vida y ayudarles”. Ahora tiene los papeles en regla, aunque hace dos años que no ha ido a Senegal.

–¿Y tu día a día cómo es?

–No me gusta ser top mantero. Tenemos que correr mucho por la escalera cuando viene la policía, nos caemos y nos hacemos daño. Es muy peligroso; podemos atropellar a personas mayores o a mujeres embarazadas. En Senegal, trabajaba de mecánico y de paleta. Me gustaría serlo aquí.

Explica su historia como puede con su castellano. Monosilábico, inconexo. Pero está decidido. Se esfuerza. Lo consigue. Todos sabemos para lo que estamos aquí.

–Modou, ¿nos podrías contar qué ocurrió en 2012 cuando la Guardia Urbana te detuvo?

–Yo estaba en una parte del metro de la Barceloneta y bajé a ayudar a un amigo mantero con su manta a la otra parte, dirección Trinitat Nova, porque pesaba mucho. Entonces noté que me cogían de la ropa por detrás. Eran dos policías. Me intentaron quitar las cosas. Vinieron cuatro de seguridad y me dijeron que saliera del metro. Entonces uno de los urbanos empezó a pegarme con la porra en la cabeza y me caí al suelo. Me detuvieron y dijeron que yo les había pegado tres veces en la cara.

–¿Y dónde fuisteis?

–Me llevaron a una habitación muy pequeña de la comisaría de la Rambla. Había agua en el suelo y estaba sucio y oscuro. Un policía me pegó un puñetazo en el costado mientras otro me sujetaba de los brazos. Me caí. Entonces empezaron a pegarme de nuevo por todo el cuerpo. Te juro que me pegaron un montón de veces. Te lo juro. Cuando grité, otro policía me metió su mano con un guante negro en la boca. Cuando intentaba decir algo, lo volvía a hacer.

Intento tragar saliva.

Modou señala las partes del cuerpo en las que dice que la Guardia Urbana le agredió, mientras le decían: “Aquí no tienes derechos, negro, vete a tu país”, explica.

Cabeza, hombros, espalda y piernas.

Hace gestos, aprieta los puños y me los enseña, en alusión a la fuerza utilizada. La Guardia Urbana lo llevó al Hospital del Mar. Según el parte médico que firmó el doctor Maldonado el mismo 16 de agosto de 2012, también presentaba contusiones genitales. “Mientras estaba en el coche de policía después de ir al hospital uno de ellos, que ya lo conozco de verlo por la calle, me hizo fotos y me dijo que si me encontraba fuera me las vería con él”. A continuación, se reproduce un fragmento de la declaración de Modou del 22 de noviembre de 2012 en el Juzgado de Instrucción nº 20 de Barcelona:

“El declarante le manifestó al que le había agredido que lo iba a denunciar. A continuación los dos guardias urbanos le condujeron a los calabozos, estando el declarante esposado, y en la puerta de dichos calabozos el mismo guardia urbano que le había propinado el golpe con la porra le dio un puñetazo en el costado derecho, mientras era sujetado por el otro guardia urbano. Cayó al suelo y el mismo guardia urbano que le había agredido le propinó una patada en el pubis y mientras le decía a su compañero que le sujetara la cabeza contra el suelo (…) El compañero le bajó los pantalones hasta los tobillos para que no pudiera mover los pies. Siguió la agresión con la porra hasta que le sangró la boca”.

Según cuenta Modou, cuando fue puesto en libertad, horas más tarde, se metió en la cama y no salió hasta una semana más tarde. “No podía moverme, no tenía fuerzas para trabajar. Me dolía mucho todo. Nosotros en casa damos 20 euros cada uno para la comida. Mis amigos los pusieron por mí”, explica con los ojos muy abiertos, asintiendo con la cabeza. Eso es algo que nunca había pensado: la cooperación, la organización, la ayuda por la supervivencia. No puedo evitar sorprenderme de que Modou me diga que está dado de alta como autónomo.

La denuncia de maltrato archivada

Según Andrés García Berrio, cuando ocurrieron los hechos de 2012, la jueza que tomó declaración a Modou en la fase de instrucción no investigó la denuncia de maltrato alegando que no tenía competencias para ello. “La policía ha puesto una contradenuncia: para justificar las agresiones dicen que le has agredido ya que no te pueden detener por una falta administrativa. Esto es bastante frecuente: nos encontramos muchas minutas infladas para legitimar el uso de fuerza. En el caso de Modou, todo viene de ahí y hay una coincidencia espacio-temporal de los hechos. Sin embargo, la declaración se hizo entre gestos de desprecio de la funcionaria, la denuncia de tortura se archivó y a él no lo examinó un médico forense. Pronto saldrá el juicio y vamos a ir a por todas. Tenemos una posición totalmente ofensiva”, explica Andrés. Pese a que cualquier episodio de maltrato es deleznable, es necesario ser muy riguroso con los términos para que no te pillen jurídicamente, asegura el abogado. “Bajo mi punto de vista, lo que le hicieron a Modou es tortura”, especifica. Los agentes de la Guardia Urbana declararon que Modou echó a correr al verlos y que agredió a uno de ellos, que fue al hospital por contusiones en la cabeza.

Su episodio de violencia no es aislado, explica Andrés. Según el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. No obstante, la persecución del colectivo de manteros y la violencia policial no es nueva. Modou asiente con la cabeza. “Tengo amigos así”, apunta. Según explica Andrés, “muchos agredidos comoModou no quieren denunciar por miedo a que después la situación empeore en la calle pero yo considero que si denuncias con apoyo social, por los casos que he visto, te irá mucho mejor”. Para Modou, lo que pasó aquel 22 de agosto de 2012 en la comisaría de la Rambla es la peor experiencia de su vida. “Cada vez que veo un policía me da un vuelco el corazón”, apunta.

Según la Organización de la Naciones Unidas, en el Estado español persisten las persecuciones y detenciones basadas en perfiles raciales y étnicos. El Comité contra la Tortura de la ONU apuntaba el pasado mayo que existe impunidad en las agresiones policiales y que no se investigan las denuncias de agresiones bajo custodia de las fuerzas del orden. En diciembre de 2014, la Coordinadora por la Prevención y la Denuncia de la Tortura (CPDT) publicó que entre 2005 y 2014 se habían registrado 6.621 denuncias por maltrato y torturas bajo custodia del Estado. La misma Coordinadora denunció el pasado 23 de marzo que no se dejó entrar a dos investigadores de derechos humanos en las cárceles catalanas.

El día a día tras la tormenta

Modou trabaja más tranquilo en paseo de Gràcia que en plaza de Catalunya. “Ahora ahí no se corre. Si viene la policía y te cogen las cosas, tú piensas que es mala suerte pero no es tan peligroso. No tienes tanto miedo. Si corres no sabes a dónde ir, cruzas las calles sin mirar los coches”, explica. Según él, ahora es más frecuente ir al juzgado en lugar de que te pongan una multa directamente. Ahora bien, pese a haber “mejorado un poco”, Modou dice que le cogen el dinero. “Yo pago el alquiler, el agua y tengo que comer y enviar dinero a mis padres pero la policía nos quita el dinero, aunque después eso no se sabe”, afirma. Imagino que se refiere a algo similar a cuando en las películas se incauta coca, que la mitad desaparece por el camino.

–¿No se sabe en el juzgado, quieres decir?

–No se sabe, no. Ellos dicen que llevabas 15 bolsos, aunque lleves tres, y nada de dinero. Se lo quedan, apunta Modou.

–¿15 bolsos?

–15 bolsos, sí, y dicen que los sacas de una mafia. Pero nosotros compramos los bolsos en tiendas de chinos de Badalona, que hay muchas, y llevamos muy pocos porque pesan, por si tenemos que correr. Si los compramos a 15 euros, los vendemos a 20. Sacamos cinco euros y volvemos a comprar. Lo que nos queda al final es muy poco para vivir pero nos lo quitan, insiste.

Nos volvemos a estrechar la mano mientras Carles le hace fotos rondando por la estancia. Ya de pie, Modou nos explica que al llegar a Tenerife estuvo cuarenta días en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), sin poder salir. Durante la cuarentena no le agredieron. “Al principio la policía nos preguntaba quién era el capitán del barco. Nosotros dijimos que no teníamos jefe, porque si lo cogen lo meten en la cárcel. Dijimos que todos éramos jefes”, explica riendo, como si fuese inverosímil cooperativizar el mando de un barco. Me acuerdo de la escena: “¡Yo soy Espartaco!”. No puedo evitar sonreír.

Tras los sucesos de Salou de este verano, cuando murió un mantero al caer de un balcón en una redada policial, se ha creado el Sindicato de Manteros de Barcelona para dar respuesta al desamparo del colectivo. La organización, que cuenta con el soporte del Espacio del Inmigrante y la red Tras la Manta, afirma querer ser interlocutora entre los vendedores ambulantes y las administraciones.

Desde octubre, no todo queda en iniciativas sectoriales.

Abogados penalistas y psicólogos muy arraigados al mundo del activismo, como Anaïs Franquesa, abogada de la plataforma Rereguarda en Moviment o la psicóloga Irene Santiago, han dicho basta. Según explican, están hartos de la falta de recursos en la defensa de los derechos humanos. Por ello han creado Irídia, organización sin ánimo de lucro que se financiará con un crowfounding. “Estoy muy contento con todo esto”, concluye Modou, cuyo caso ya lo lleva Irídia.

Irídia, del caso particular al cambio político

Son las 18h de la tarde del mismo jueves. El Aula Magna del edificio del Raval de la Universidad de Barcelona comienza a acoger a cientos de personas. Entre ellas hay caras más que conocidas. Condenados del caso 4F, estudiantes con causas penales, huelguistas, miembros de Tanquem els CIES, SOS Racisme y la PAH. Irídia nace de la combinación de profesionales y activistas por necesidad como Mariana Huidobro, madre de Rodrigo Lanza, condenado en 2006 por el 4F y torturado en dependencias policiales.

En el escenario hay siete sillas dispuestas para una mesa redonda. Veinte minutos más tarde la sala parece un photocall de la cantidad de gente que va entrando.

Sobre el escenario los impulsores del proyecto.Explican que pretenden crear un centro que tenga un equipo de abogados y psicólogos con recursos para acudir rápidamente ante una denuncia de vulneración de derechos por parte de las autoridades. Dotar de infraestructura a los profesionales. “Si nos llama alguien y nos dice: ‘Estoy en tal modulo de aislamiento, por favor, venid’ o lo hace un contacto, poder acudir. Cuando alguien está en la prisión, hay que solicitar permisos, tenemos que ser rápidos”, me explica Andrés en petit comité. La inmediatez de la acción directa es el principio básico. Desde la calle a las cárceles.

“En 2013, la Coordinadora por la Prevención y la Denuncia de la Tortura identificó 626 por casos de denuncias de maltrato y tortura bajo custodia policial, 251 del ámbito de los movimientos sociales. 83 sólo en Catalunya”, explica la psicóloga Irene Santiago, también impulsora de Irídia. Pero no todo el mundo denuncia, por miedo o por falta de recursos.

El nuevo centro actuará en el ámbito del sistema penal catalán, las políticas inmigratorias y el racismo, y la violencia de género. Para hacerlo, el primer proyecto del nuevo centro es el Servicio de Atención y Denuncia ante casos de Violencia Institucional (SAIDAVI), que operará a partir de 2016 dando asistencia jurídica y psicosocial. En el terreno jurídico pretenden hacer litigios estratégicos: de un caso paradigmático de vulneración de derechos conseguir cambios políticos y legales.

Para los impulsores de Irídia, la defensa de los derechos humanos es una problemática global. De hecho, hoy mismo la República Checa ha aprobado una ley que permite recluir a refugiados entre 40 y 90 días, con tratos degradantes.

En Catalunya, las diez organizaciones que forman parte de la Coordinadora por la Prevención y la Denuncia de la Tortura tienen prohibida la visita a las cárceles para hacer controles, asegura Iñaki Rivera, miembro del Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans.

Entre los discursos se hace hueco una voz quebradiza que en ningún caso significa fragilidad, Mariana Huidobro relata cómo cambia drásticamente la vida de alguien cuando te condenan un hijo por homicidio y lo maltratan. “Yo antes era bastante naíf”, añade, con un deje de humor. El acto se cierra tras la intervención concluyente de Andrés García Berrio entre aplausos y un dejarse llevar por el sentimiento de “vamos a cambiar el mundo, hostia”, generalizado.

Flashback: 16 de octubre

He hecho trampa. Yo ya había entrevistado a los miembros de Irídia una semana antes del acto de UB-Raval. Tenía muchas dudas porque cuando te metes en terrenos pantanosos como la legalidad y la legitimidad, la defensa de aquellos que no parecen tener derecho a tener defensa y la conflictividad social, la subjetividad y el afecto se prenden como la pólvora; los datos más técnicos se te escapan en pro del romanticismo. Los miembros del grupo tienen el discurso trabajado. Un reflejo de decisión indignada, pero dulce aparece en los ojos de Andrés García Berrio cuando los interpelo en la sede del International Institute for Nonviolent Action (Novact), en Plaza Catalunya, a las 14h de la tarde del 16 de octubre, después de su primera rueda de prensa. Tocando la fibra. Es una conversación alrededor de una mesa a cinco bandas entre Mariana Huidobro, Irene Santiago, Anaïs Franquesa, Andrés y yo. Son casi los mismos que dan voz y cara a Irídia en el escenario de la UB. Les pido que me expliquen qué significa que van a ofrecer un acompañamiento psicojurídico.

–Significa que no vamos a separar el proceso jurídico del psicológico. Muchas veces cuando nos encontramos con un caso de agresión la persona no está capacitada para hacer un relato de la situación. Y nosotros lo necesitamos. Sin relato no hay denuncia ni querella ni nada. Los abogados intentamos estirar pero siempre lo hacemos desde la óptica jurídica y eso puede retraumatizar a la persona, explica Anaïs Franquesa.

–¿Y en qué se va a diferenciar a partir de ahora?

–En una serie de procesos que no hagan esa experiencia más traumática. Vamos a intentar que la persona esté acompañada en todo momento, como por ejemplo una declaración, se valorará su estado emocional, salvaguardar la dignidad será prioritario, etc.

Según Andrés García, no siempre un movimiento judicial, tipo una querella, es recomendable, puede haber gente que no se sienta con fuerzas para afrontarlo. O puede que sí pero que necesite apoyo. Irene Santiago, que es la especialista, amplía el tema, rebajando el lenguaje para ver si lo pillo.

–Tenemos que incorporar el apoyo emocional a personas que han sufrido vulneraciones para poder reforzar sus capacidades de afrontamiento y resiliencia. Para ello, vamos a hacer atención psicoterapéutica, peritajes sociales y procesos de memoria.

–Procesos de memoria para que no se vuelva a repetir.

–Sí. Eso conlleva cuatro fases: verdad, justicia, reparación y no repetición. La mirada histórica es necesaria para poder transformar lo que ha generado estas situaciones y para ello se necesita sensibilización social, reconocimiento de que esto o lo otro ha ocurrido.

Explican que quieren trabajar con una perspectiva integral e interseccional. Eso significa tener en cuenta “los sistemas de dominación existente en la sociedad: el género, la raza, la edad, etc. Tenerlos claros antes de intervenir”, afirma Andrés. Y apuntan bastante alto. Junto a la intervención jurídica y psicológica, aseguran que quieren hacer formación, investigación e informes. Dar datos de forma rigurosa, investigar casos que no se han denunciado institucionalmente para tenerlas todas con ellos a la hora de ir a instancias estatales e internacionales.

La idea de crear un centro por la defensa de derechos humanos no surge de la nada. Habiéndose inspirado en las redes de apoyo de América Latina, el conjunto existente de organizaciones anteriormente nombradas que trabajan en este ámbito cooperando entre ellas es notable. También fuera de Catalunya. “Hay gente que ha hecho mucho trabajo estos años como la Coordinadora de Barrios de Madrid, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía o Behatokia en el País Vasco, entre otros. Nosotros nos unimos”, apunta Andrés. “No podemos trabajar solos”, añade Mariana Huidobro. “Cuando ocurrió el 4F, aunque teníamos amigos que daban apoyo, estábamos muy solas. Tras la emisión del documental Ciutat Morta, que se tomó como todo un logro, comenzamos a recibir denuncias y peticiones de ayuda en las páginas web del caso. Y nosotros no podíamos hacer nada. Así llegamos a la conclusión de que había que dar un paso más. Hay gente que está esperando para entrar a la cárcel y nuestra experiencia puede ayudarles”, explica.

Quizás los impulsores de Irídia sean muy optimistas o tal vez no. Sus ‘clientes’, al fin y al cabo, no son pocos. Víctimas que a veces no saben a quién dirigirse si les cortan la respiración de un puñetazo en una celda de aislamiento, una comisaría, o un portal. Víctimas que en muchos casos no pertenecen a ámbitos militantes ni activistas, que no tienen discurso ni incidencia política alguna. Que no cuentan con redes de apoyo. Gente de la calle que ha llegado a sufrir violencia institucional por situaciones de necesidad, por infortunio, como Modou, a quien le parece un milagro llegar a tener una defensa, según cuenta. En definitiva, gente que vive al día en un mundo diverso y conflictivo.

Edición a cargo de Catalina Gayà y Gerardo Santos.