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Nuevas formas de habitar

Del dicho al hecho

— Tras ocho meses en el cargo pasamos revista a las medidas y ajustes del nuevo gobierno municipal para revertir el problema de la vivienda en Barcelona

— Hace 6 meses organizamos un debate plural con siete voces representativas de la vivienda en la ciudad, en este informe repasamos lo que se dijo y lo que se ha hecho

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De la savia que fluye a borbotones, de los últimos brotes, del verde intenso poblando las ramas, a una extensa gama de ocres y de la transformación a la lluvia de hojas y al vacío en las copas. El paso del otoño al frío y a las ramas peladas, el viento, las heladas y también la sequía. El invierno es crudo, también para la clase política. 259 días de gobierno en los que se ha pasado de la euforia y la plaza Sant Jaume repleta de gente celebrando la investidura de la nueva alcaldesa, de las promesas en firme, las primeras medidas, la aplicación del plan de choque y el superávit, a los encontronazos con sindicatos (como los de la reciente huelga de TMB) o los cruces de declaraciones con otros colectivos aparentemente afines al nuevo consistorio como la PAH, que ahora reclama a Colau todavía más implicación del Ayuntamiento en la eliminación de los desahucios. En materia de vivienda muchas eran las expectativas que diferentes colectivos habían puesto en el equipo de BeC. Han pasado casi 6 meses desde que SomAtents reuniera a siete voces representativas de la vivienda en Barcelona para debatir de forma plural y sin rodeos sobre sus problemáticas, las nuevas formas de habitar la ciudad, así como los posibles retos de futuro de esta área.

 

Rodeados por un emplazamiento lleno de simbolismo (la plaza Joan Corrades de Sants donde se encuentra el único edificio de Barcelona ocupado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca), Elba Mansilla, socia de la cooperativa de viviendas La Borda, Matías González, miembro de la PAH Barcelona, David Mongil, geógrafo especialista en políticas públicas de vivienda, David Balsells, activista del movimiento okupa en Vallcarca, Miguel Ángel Romero, administrador de Fincas San Andrés, y Ramón García-Bragado, ex gerente y ex Teniente de Alcalde de vivienda en el Ayuntamiento de Barcelona, participaron en una interesante y constructiva conversación con Josep Maria Montaner, actual concejal de vivienda en el consistorio barcelonés.

Entonces tanto el equipo de la concejalía como el recién estrenado responsable de área apenas habían conseguido situarse. Pero hoy, ¿qué aspectos han cambiado respecto al mandato anterior?, ¿qué medidas se han puesto en marcha para paliar los grandes males de la ciudad?, ¿ha conseguido la nueva alcaldesa y sus colaboradores acabar con la vieja política en materia de vivienda?

 

El gobierno de las expectativas

Tras poco más de ocho meses en el gobierno municipal, con la gestión de BeC se intuye la posibilidad de alternativas, la posibilidad de proponer otras cosas y hacer políticas inclusivas en los 73 barrios de la ciudad. Como dice el filósofo Xavier Fina, que ha publicado el libro Sense treva, donde analiza este inicio de legislatura y los primeros 100 días de gobierno, “lo que ocurre es que ellos mismos se han puesto la presión encima al ser los primeros en decir que en poco tiempo se notarían los resultados”. Según Fina “ellos mismos lo mencionaron y además han dado mucha importancia a la política de gestos”. Si bien el programa de BeC es de máximos y requiere años, para el autor “las propuestas deberán adaptarse al corto y medio plazo y dar con algún elemento que ayude a fomentar los cambios y se noten”.

Quizás por eso en materia de vivienda, aún admitiendo dificultades en palabras del propio concejal Josep Maria Montaner, se proponen “hacer una política de domesticación del mercado”, sobre todo de alquiler, construyendo un primer gran paquete de vivienda, para el cual han iniciado los trámites a través del Patronat de l‘Habitatge. Con un presupuesto aproximado de 110 millones de euros se prevé la construcción de 1.145 pisos nuevos en solares de propiedad municipal actualmente vacíos que se sumarían a los 498 que ya están en construcción y a los 518 en redacción, con lo que Barcelona registraría un total de 2.161 pisos nuevos destinados a alquiler público, a derecho a superficie y dotacional, tal y como prometían en campaña electoral.

Sin embargo, sus compañeros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) les critican que la construcción de pisos encarece y alarga en el tiempo el proceso de adquisición de éstos. Para la PAH las prioridades pasarían por gastar ese dinero en realizar un censo real de las viviendas vacías en la ciudad y saber así si es necesario construir más pisos o no y velar antes que nada por la cesión obligatoria de pisos vacíos.

Hoy en día el 80% de los desahucios se producen por el hecho de no pagar el alquiler, por ello el concejal recuerda que han aumentado las ayudas en este sentido, ya que creen que si existen ayudas para pagarlo se podrá resolver el problema en gran parte. A su vez Montaner piensa que otro reto al que se enfrentan es definir unas referencias de los alquileres adecuados al menos en algunas zonas de Barcelona o por las características de un determinado piso para marcar precios y orientar el mercado de alquiler. De hecho, esta primera semana de marzo el gobierno municipal ha propuesto una limitación del precio de alquiler mediante una ley estatal y no alimentar ninguna otra burbuja inmobiliaria o ciclo especulativo, fijando un precio máximo a pagar en función de la renda familiar o bien que no supere el 30% de los ingresos del inquilino.

En este periodo, el consistorio también está batallando para que las viviendas en derecho de superficie pasen a ser de alquiler social. Aún sin resultados tangibles, el nuevo gobierno municipal sigue con el empeño de rastrear cualquier alternativa para mejorar las condiciones de vivienda con el objetivo de “conseguir el máximo de alquiler social” que, como nos explicitaba hace meses Montaner, ahora no llega ni al 2% en el conjunto de la ciudad.

En ese sentido el gobierno de Ada Colau ya ha manifestado la voluntad de desplegar la ILP de vivienda que impulsaron la PAH, el Observatorio DESC y la Alianza contra la Pobreza Energética para garantizar el uso social de la vivienda, la cesión obligatoria por parte de grandes propietarios que no cumplan y que obliga a cualquier propietario que tenga más de 20 pisos vacíos a ofrecer alquiler social.

 

Cumpliendo la ley

La ILP que impulsaron desde fuera del Ayuntamiento se convirtió en la Ley 24/2015 el pasado mes de julio en el Parlament de Catalunya. Una vez en el gobierno de la ciudad y gracias a su determinación por cumplirla, el consistorio ha conseguido la cesión de pisos vacíos de los bancos para sumarlos al parque de alquiler social existente. La nueva Ley de vivienda prevé la sanción a las entidades financieras que mantienen pisos vacíos en la ciudad más de dos años. La sociedad de gestión de activos bancarios (SAREB), popularmente conocida como banco malo, mantiene el acuerdo al que se llegó en julio pasado de ceder algunos de los 644 viviendas que tiene en propiedad, en 325 de los cuales no hay nadie empadronado. Aunque han habido contactos con las entidades bancarias, el contrato de cesión se debía haber firmado en septiembre y por ahora no se ha hecho efectivo. Por el momento, el ayuntamiento ya ha puesto 12 multas de 5.000 euros a la propia SAREB, al BBVA y al Banc Sabadell. Multas que entidades como la PAH consideran simbólicas y por eso insisten en incrementar su importe.

En cualquier caso el pasado diciembre la SAREB cedía 200 pisos y con el acuerdo presentado esta última semana el Ayuntamiento barcelonés rescata 255 pisos más para la bolsa pública. De éstos, 131 se han conseguido vía compra directa, 50 por la cesión de CaixaBank, y 74 gracias al derecho de tanteo del que dispone el Ayuntamiento.
El derecho de tanteo es una medida compleja reducida a unidades particulares, pero que según palabras del concejal de vivienda volverán a intentar en el marco del Pla de Millora de Barris, y para ello tienen en mente crear una comisión de estudio para explorar la posibilidad de declarar toda Barcelona como zona de tanteo y retracto con la finalidad que el ayuntamiento tenga prioridad en la compra/venta de inmuebles y los pueda obtener por debajo del precio de mercado. De momento, no consta que se haya creado ninguna comisión, pero el ayuntamiento invertirá 3,5 millones de euros a la compra de vivienda ejerciendo este derecho en casos concretos, con el objetivo de ampliar el parque de alquiler social y así reequilibrar barrios, prevenir la gentrificación.

Cabe decir que algunos de estos pisos conseguidos de los bancos como otros pertenecientes al parque público, alrededor de un centenar, ya están ocupados. Por ello, el ayuntamiento ha previsto su regularización en el caso de las ocupaciones que lleven más de dos años, que no ocasionen molestias entre los vecinos y que exista vulnerabilidad económica y arraigo al barrio.

A parte, como bien sabe el concejal Montaner según el plan de choque, este 2016 toca impulsar las inspecciones desde el Patronat Municipal de l’Habitatge para controlar a quien se aprovecha de los pisos con un uso indebido, como por ejemplo hacer de éstos un apartamento turístico en beneficio propio.

De momento han pasado 259 días desde que el nuevo gobierno municipal haya empezado a desplegar su programa en que la vivienda se contempla como un derecho social básico y donde apuntan que “Barcelona siempre ha sido una referencia en la lucha contra las desigualdades”. Ya lo argumentaban en campaña, pero ahora quieren y además les toca “impulsar medidas inmediatas que se planteen como horizonte una ciudad donde las personas tengan garantizados los derechos básicos para una vida digna.” Para financiar todas estas medidas en materia de vivienda, en su mayoría recogidas en el plan de choque que están llevando a cabo en estos primeros meses de gobierno, se contempla una inversión inicial de unos 50 millones de euros.

Veremos si a corto plazo son suficientes en su afán por conseguir soluciones a las problemáticas de vivienda. Un ámbito que más allá de nuevas regulaciones y ajustes, y tal como admitía hace meses el propio Montaner, resulta irresoluble dentro del sistema capitalista actual.

Este texto y el debate fueron elaborados por Joan Bernà, Elsa Hermida y Gerardo Santos.
Edición a cargo de Catalina Gayà.

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