Balanzas torcidas

TEXTO: Iria Rodríguez, Laura Mesa y David Vidal

-Tres líneas –dice–.

Despliega el brazo hacia los banquillos ahora vacíos, hacia el entarimado de madera barnizada, hacia las mesas de los magistrados, hacia el retrato del rey que preside la sala de la sección décima de la Audiencia Provincial de Barcelona.

-Hicimos la vista aquí: el caso Treball, por la financiación irregular de Unió

Democràtica. Les condenamos probadamente a más de 4 años. El Supremo lo ratificó, era clarísimo. I ahora, mira, tres líneas.

El magistrado de la sección décima y miembro de Jutges per la Democràcia Santiago Vidal muestra el folio en sus manos. No pierde la sonrisa de hombre bondadoso, pero la sala vacía se hace eco de su voz indignada.

-Lo recibimos hace unas semanas: tres líneas. Un indulto. “El Consejo de Ministros reunido en fecha tal considera oportuno dejar sin efecto la sentencia condenatoria dictada en fecha tal por la sección décima de la Audiencia Provincial de Barcelona y conmutar la pena de prisión de 4 años y medio por una multa de tres mil seiscientos euros”. ¡Hala!

La autoridad del poder ejecutivo –el Gobierno central–, para indultar sin necesidad de ninguna argumentación jurídica, deriva de una ley de 1870, “preconstitucional a matar”, dice el magistrado Vidal, “pero que nunca ha sido derogada por nadie, ni la UCD, ni los socialistas, ni el PP; ni nadie lo ha pedido; ni la derogarán jamás porque es guardarse un poder que nadie quiere perder para cuando gobierne, es el último mecanismo que tienen para protegerse”. Justo el pasado viernes 21 de abril, el gobierno del PP la volvió a usar para indultar a los dos últimos condenados en el caso del Yak-42, el avión militar que se estrelló en misión de paz el 26 de mayo de 2003, mientras Federico Trillo era ministro de Defensa –hoy ocupa el noble destino diplomático de embajador en Londres. El indulto ha evitado que sean expulsados del ejército los dos comandantes que mintieron probadamente a las familias de las víctimas, a las que aún no han pedido perdón. Los familiares, lógicamente, manifestaron en un comunicado estar “furiosos”. “Nosotros no concedemos los indultos –se queja Pablo Llarena, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona–. Lo hacen los políticos. Este control que la política ejerce sobre el trabajo de los jueces la hace muy difícil. Y, además, nos quita credibilidad”.

Estas experiencias, junto a la lentitud de las instrucciones de los expedientes y el perfil casi siempre conservador –y ocasionalmente excéntrico– de los jueces, que en España no deben superar siquiera los exigentes exámenes psicotécnicos de otros países, han hecho que la administración de Justicia sea un poder desprestigiado entre la ciudadanía, un hecho que asumimos como irreversible pero que no es tan frecuente en el resto de Europa. En Reino Unido, Alemania o Francia, así como en los ejemplares países nórdicos –no hablemos ya de la pionera Islandia–, el poder judicial tiene fama de independiente y eficaz.

En España, en cambio, el pasado febrero una encuesta hecha por la empresa demoscópica Gesop y que fue publicada en El Periódico aseguraba que el 72,8% de los ciudadanos creen que la Justicia en España no es independiente. A pesar de ello, según el CGPJ, de las 4.962 causas contra jueces, magistrados y fiscales abiertas en España entre 1995 y 2009 por prevaricación, malversación y otros delitos, el 97,8% no fueron admitidas o fueron directamente archivadas antes de llegar a juicio oral por los órganos competentes, es decir, los Tribunales Superiores de Justicia. Del resto, sólo el 1,5% acabó en sentencia condenatoria.

Pero más allá de la pérdida de confianza o de la lentitud de los procesos judiciales, el grave problema estructural lo generan un conservadurismo endémico de la carrera judicial y la inevitable dependencia de la política de partidos, que quiere una Justicia minorizada, ineficaz y lenta. Y el futuro inmediato, por si fuera poco, se intuye borroso, cuando todo apunta a que está a punto de iniciarse un periodo de intensificación del perfil conservador en la judicatura española.

“El poder judicial –explica Vidal– ha sido el único poder del Estado que no ha pasado por una transición. Lo hicieron hasta los militares en la década de los 80, con Narcís Serra como ministro, que jubiló a muchos de la vieja guardia que impedían la renovación, pero en el poder judicial todos los intentos del ministro Ledesma por aquellos años fueron en vano… De hecho, muchos de los que ahora hay en la cúpula del poder judicial son precisamente magistrados de aquella época porque la carrera judicial es como la militar, subes por antigüedad. Siento ser tan pesimista, pero prefiero hablar claro. Los políticos quieren una Justicia desprestigiada, lenta, poco creíble, para poderla manipular”.

En los juzgados de Barcelona, tras los secretarios judiciales, se alzan hileras de armarios donde se acumulan carpetas de cartón rotuladas a mano. Forman columnas inestables. El señorial edificio de la Avenida de Lluís Companys tiene el vientre relleno de estos rudimentarios sistemas de almacenaje. Un reventón en una cañería, una inundación o una plaga de pulgas o de ratas –todo esto ha pasado en los últimos años– generan la destrucción de material legal. “¿Has visto la diferencia entre una delegación de Haciendo y una de Justicia? –nos pregunta Marta Fernández, jefa de estudios de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial–. Hacienda está conectada y dotada de todo tipo de tecnologías porque el Gobierno ya se ha encargado bien de hacerlo. Nosotros vamos aún con carpetas de cartón”.

“Desde la política –confirma el presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, Pablo Llarena– interesa mucho que la Justicia esté hundida. Hemos sido el patito feo de los poderes democráticos, se han olvidado de nosotros intencionadamente. El poder político no nos controla, y por eso no le interesamos. Y ya les va bien que la Justicia sea lenta, sobre todo la que tiene que ver con el contencioso administrativo, que son los aferes contra la administración”.

La lentitud de la Justicia es efectivamente una de las críticas más extendidas entre la ciudadanía. “Pero para mejorar tendrían que entrar menos causas y que pudiéramos ser más ágiles –sigue Llarena–. Hemos de pensar que en España hay 254 abogados por cada juez; en Escocia, por ejemplo, hay 4 abogados por juez y, por lo tanto, es más fácil que allí entren causas realmente necesarias”. Llarena, que es también portavoz de una asociación de la magistratura conservadora, cree que la gratuidad de la Justicia por parte de los ciudadanos pone trabas a esta agilidad, y es partidario de una tasa judicial. Esta postura es contestada por muchos otros jueces y magistrados –y la mayor parte de los abogados– que lo consideran como el principio de un proceso de privatización también de la Justicia.

El periodista Jordi Panyella, con más de veinte años de profesión en los juzgados de Barcelona, sí coincide en que la Justicia es la cenicienta de los poderes democráticos en España. También cree que este menosprecio no es casual. “En primer lugar – dice– nunca he oído a un político en un mitin prometer más inversiones en Justicia. Prometen hacer ambulatorios, escuelas, bajar impuestos… Pero solucionar el problema de la Justicia no es popular, no da votos. Así, si no interesa a los políticos, y hasta ahora la ciudadanía tampoco se lo ha tomado como una demanda urgente, no se hace y fuera”.

La Ley Orgánica del Poder Judicial data de 1985, y no fue reformada parcialmente hasta 2003, como explica Xavier González Ribera de la Serra, portavoz de Jutges per la Democràcia. Una de las vías de renovación del poder judicial podría ser hacer más plural el acceso a la carrera de juez. “La carrera judicial –explica Xavier González– se nutre de la misma base social de siempre: gente que se puede permitir estar estudiando hasta los 30 o 35 años, diez horas cada día, aislados de la sociedad. Además, el componente económico ligado a la extracción social del candidato se mantiene. Esto posibilita, lógicamente, que se perpetúe un núcleo conservador”. También opina así Francisco Javier Pérez Ruíz, fiscal de la Fiscalía Provincial de Barcelona y miembro de la Unió Progressista de Fiscals, que cree que “la necesidad de dependencia económica hasta los 30 años y el aislamiento en que viven los candidatos opositores alejan de la realidad a los futuros jueces y favorecen, además, que provengan de cierto nivel social”. “Yo estoy muy decepcionado con las nuevas promociones de jueces –lamenta en este sentido Santiago Vidal–. Pensaba que llegaría aire fresco, la feminización de la Justicia, más progresismo, pero veo que no, que a las nuevas promociones les interesan mucho los temas profesionales, cuánto cobramos, cuántas sentencias hacemos al año…”. “Las personas que entran en la Escuela ya han estado antes estudiando encerradas durante años, alejadas de la sociedad –recuerda Xavier González–. Cuando luego te dan un destino, empieza entonces otro proceso de selección ideológica”.

Desde el despacho de Marta Fernández se ve toda Barcelona, y hasta el mar, dado que la Escuela Judicial, donde se forman estas nuevas y “decepcionantes” promociones de jueces, se encuentra en Vallvidrera, cerca del Tibidabo, cima que alude al nombre evangélico con que el Demonio tentó a Jesús ofreciéndole todo tipo de poderes y obsequios. Es un búnker aislado de todo, alegoría perfecta de la solitud del poder judicial pero también del aislamiento que se imponen los que quieren ser jueces. “La célebre burbuja en que viven los jueces antes de serlo”, bromea el magistrado Santiago Vidal. La preeminencia de la prueba memorística en detrimento de la experiencia, por ejemplo, es una de las críticas que se hacen al sistema de acceso a la carrera judicial. “Yo sería más partidario de hacer una especie de MIR, como el que se hace en otros países, aplicado a la carrera judicial: un ingreso más sencillo pero después de un periodo de formación más largo en la Escuela Judicial”, razona el fiscal Pérez Ruíz.

Tenemos, pues, un problema grave con el poder judicial que, según argumentan fiscales, jueces de todas las tendencias y expertos en Derecho, pediría una intervención renovadora decidida que debería ir a cargo del poder ejecutivo y legislativo en un doble sentido: la apertura del acceso a la carrera judicial y una nueva ley orgánica del poder judicial que substituya la de 1985 y que permita jubilar a los viejos magistrados que mantienen un deje muy conservador en la cúpula de poder. Pero mientras los partidos políticos no cambien de actitud, esta renovación será imposible. “Hay una confluencia de intereses que hace que la Justicia no pueda mejorar. A mí me quedan diez años de carrera para jubilarme, y ya no creo que lo vea”, pronostica Vidal. “Ciertamente, muchos de los más veteranos altos cargos del poder judicial ya están jubilándose o se han jubilado… lo más preocupante es que los nuevos cuadros y sus promociones también son muy conservadores”, se lamenta el fiscal Francisco Javier Pérez.

Cuando se cumple un año del 15M, cabe tener presente que las demandas de profundización democrática que han emergido gracias a este movimiento social, y que ahora son ampliamente apoyadas por centenares de colectivos y por un porcentaje altísimo de la ciudadanía, son literalmente imposibles de vehicular sin una transformación radical del poder judicial español. “La modificación de la ley electoral, las listas abiertas de los partidos, los límites al poder financiero… son asuntos de los que todo el mundo habla y con los cuales todos estamos de acuerdo –dice Vidal–. Todo debería ser más directo y participativo. Y se puede, ¿eh? ¿Por qué no? Pero no creo que al Gobierno, ni a ningún partido político, le pueda gustar acabar procesado como el ejecutivo de Islandia. ¿Crees que eso hubiera sido posible en España con la sumisión y el control que los partidos políticos ejercen sobre la Justicia? Cuando los periodistas nos preguntáis sobre si la ley es igual para todos… Hombre, las normas, sí; pero la Justicia, no. La ley no es arbitraria, claro, no estamos en una dictadura, hemos mejorado mucho. Pero no nos podemos compara con la Justicia alemana o inglesa”.

El caso Palau ilustra muy bien las relaciones de sumisión de la Justicia respecto del poder de los partidos en la democracia española. Jordi Panyella acaba de publicar un libro sobre este caso (Félix Millet, el gran impostor, Angle editorial), y no le cuesta imaginarse el final. “Millet no llegará nunca a prisión, como mucho unos días y lo indultaran. Mientras calle, le protegerán. Es más valioso por lo que calla que por lo que dice”. Santiago Vidal está de acuerdo. “A Millet le condenarán pero tardarán un par o tres de años; después irá al Supremo, que lo ratificará; en un par de años más ya tendrá 80 años o más; y, cuando se decrete su ingreso en prisión, estará 60 días, que es el tiempo máximo que marca la ley general de penitenciaria para clasificar internos; y luego, fuera…”.

Pablo Llarena está de acuerdo con esta necesidad de despolitizar la Justicia. “Esto se podría conseguir volviendo al sistema de 1985, cuando 12 de los 20 vocales del CGPJ los escogían los jueces en vez de los políticos”. El CGPJ se renueva cada 6 años y ahora está compensado entre sectores progresistas y conservadores, con un ligero deje conservador, a pesar de que viene de una época en que estaba elegido por el PSOE. Ahora, con la mayoría absoluta, el PP puede hacerlo monocolor porque domina las dos cámaras. A pesar de ello, Xavier González cree que muy posiblemente el PP propondrá volver al sistema de elección de vocales del CGPJ anterior a 1985. De esta forma, el PP tendría un Consejo muy conservador sin necesidad de ensuciarse las manos. “Personalmente creo que es un error porque es trasladar el componente ideológico de la carrera, que es conservador, a la cúspide. Por eso este cambio interesa al PP, y puede que se haga ahora, porque es una manera de legitimar lo que ellos no quieren legitimar vía mayoría absoluta. Lo que es seguro es que ahora en el CGPJ habrá una deriva conservadora”. Tanto si el poder judicial reforma la situación legal anterior a 1985 como si las dos cámaras renuevan los 20 vocales del CGPJ, la democracia española inicia un periodo de intensificación de su conservadurismo, justo cuando la sociedad emite más demandas de transformación y cambio. “En el mundo de la Justicia se está gestando una especie de golpe de estado sin tanques”, escribía, alarmado, el periodista Joan Barril, hace unas semanas en su columna de opinión. Xavier González apunta que esta es una expresión quizás demasiado alarmista pero que la deriva conservadora será “inevitable”.

“Y encima –lamenta Vidal, aún sentado en la soledad de la sala décima de la Audiencia, vacía–, encima he de aguantar que el señor Duran i Lleida diga que ahora sí se ha hecho justicia con el caso Treball. Que la política ha reparado lo que la Justicia no había sabido hacer bien. Claro, él se sabe mover por los ministerios. Esto será a cambio de alguna votación en el Congreso, supongo. Pero estas tres líneas hacen mucho daño a la Justicia. Mucho daño”.

En la mirada del magistrado se ve que a él también.

Edición a cargo de David Vidal.